El Tribunal Supremo de España rechazó suspender de urgencia el acuerdo del gobierno del país que dio luz verde a la extradición a Estados Unidos del general Hugo “el Pollo” Carvajal, un proceso que la Audiencia Nacional española mantiene por el momento paralizado.
Días después de la detención de Carvajal, sui defensa presentó ante el alto tribunal medidas cautelarísimas.
Esto en busca de suspender la ejecutividad del acuerdo de extradición de marzo de 2020 tras autorizarla la Audiencia Nacional.
El Tribunal desestimó la solicitud de Carvajal al considerar que «nada hay» en su escrito que permita concluir las circunstancias de especial urgencia ni se alegan nuevos argumentos.
Con esto se refieren a los planteados en una petición de suspensión cautelar formulada en 2020, que ya fue rechazada en mayo de ese año.
La entrega a Estados Unidos, donde se le reclama por delitos de narcotráfico, se encuentra paralizada por orden de la Audiencia Nacional hasta que se resuelva la petición de asilo que formuló el militar.
El Ministerio del Interior de España denegó esa solicitud en 2019, si bien su defensa presentó un recurso.
En un auto, el Supremo también pone en marcha el trámite de incidente cautelar por el procedimiento ordinario, es decir, da cuenta de la petición al gobierno como autor de la resolución impugnada.
Pero recuerda que «la pretensión» debe examinarse dejando constancia de que ya hubo una medida cautelar que fue denegada.
En aquel momento Carvajal estaba “en ignorado paradero”, recuerda el Supremo, que estudiará el fondo de su recurso el próximo 26 de octubre, según informan a Efe fuentes jurídicas.
La decisión del Supremo se ha conocido el mismo día en que el exgeneral ha comparecido a petición propia en la Audiencia Nacional como testigo en un procedimiento abierto por terrorismo, en el que ha declarado sobre asuntos que dice conocer como exresponsable de la Inteligencia venezolana y que serían de interés para España, y se ha comprometido a aportar documentación para corroborar sus afirmaciones.
Carvajal es reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense.
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Foto: Archivo