El fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó este viernes al informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que acusaron al Gobierno venezolano de ejecutar un plan para “silenciar” a las voces disidentes mediante la represión y violaciones a los derechos humanos.
El Ministerio Público asegura en el comunicado que la información compartida en torno a las detenciones y persecución en el país es “sesgada, incontrastable, basada en testimonios anónimos, interpretada en base a sus prejuicios y sin detalles ni evidencias que permitan su revisión”.
Aseveró que el escrito está hecho para “alimentar los ataques internacionales contra Venezuela”, considerando que países vecinos como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, entre otros también se pronunciaron este viernes en la ONU pidiendo el cese de la represión.
“En su deformada representación de la situación del país, niega también las numerosas investigaciones, imputaciones y acusaciones realizadas por el Ministerio Público contra funcionarios que han cometido violaciones a derechos humanos”, reza el comunicado de la Fiscalía general de la República.
Afirmó que los miembros de la Misión para Venezuela tienen “malas intenciones” con el Gobierno de Maduro. “La pretensión de mostrar estos graves hechos de violencia como protesta pacífica habla de la mala intención y falta de escrúpulos de los miembros de la Misión”.
De la misma forma, negó la vinculación de funcionarios de cuerpos de seguridad con las 25 muertes registradas durante las protestas postelectorales. “Es importante destacar que no existe ninguna denuncia que vincule a funcionarios policiales o militares como responsables de las muertes y personas heridas durante la violencia post electoral. Y de presentarse, será investigada como es práctica cotidiana de nuestra institución”, agregó.
Saab también reclamó que la ONU “insiste en crear falsos escenarios de violación de los Derechos Humanos en nuestro país”, y apuntó que “desconoce la voluntad del pueblo venezolano, ejercida el 28 de Julio de 2024”, cuyos resultados favorecen a Nicolás Maduro.
“Venezuela es un país garantista de los derechos humanos con una Constitución modélica en esa materia y una amplia legislación que los desarrolla. El Ministerio Público se mantendrá vigilante de resguardar la Paz, la Justicia y los Derechos Humanos en favor de las familias venezolanas”, concluye el comunicado.