Boris Johnson, primer ministro británico, está determinado a ejecutar el brexit el 31 de octubre a pesar de no haber sometido a votación el pacto firmado con Bruselas y verse obligado por ley a remitir la petición de una prórroga.
El proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), cada vez más complicado y repleto de vericuetos, ha entrado en una fase decisiva al quedar apenas once días para la ruptura de Londres del bloque europeo después de 40 años de participación.
El jefe del Gobierno conservador dio ayer marcha atrás a la planeada votación del acuerdo alcanzado el pasado jueves con la UE después de que prosperara una enmienda que le emplazaba a solicitar un retraso del brexit en caso de que la legislación que debe implementar ese texto no quedase tramitada para el 31 de octubre.
El temor de los que apoyaron esa iniciativa, introducida por el diputado independiente Oliver Letwin, residía en el riesgo de una ruptura “dura” de la UE si para el 31 de octubre no estaba ratificada la ley sobre la salida del país del club europeo.
Al no someter a votación el acuerdo negociado, entró automáticamente en vigor la llamada Ley Benn, aprobada hace unas semanas por los diputados y que exigía a Johnson solicitar el retraso del brexit si no tenía para anoche aprobado un pacto.
A pesar del revés sufrido por Johnson, el Gobierno espera presentar esta semana el proyecto de ley sobre la retirada de la UE y confía en poder someter mañana a votación el acuerdo, pero deberá autorizarlo el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow.