Un juzgado de El Salvador resolvió el lunes 19Nov que el expresidente, Alfredo Cristiani, junto con un exdiputado y nueve militares retirados, enfrenten un proceso penal por su presunta responsabilidad en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrada por una unidad de élite del ejército el 16 de noviembre de 1989, cuando los imputados ocupaban altos cargos.
La decisión incluye órdenes de captura y pedidos de difusión roja contra Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994; el exdiputado Rodolfo Antonio Parker, asesor jurídico del Estado Mayor de la Fuerza Armada en esa época, y contra los militares Joaquín Arnoldo Cerna, Juan Orlando Zepeda y Juan Rafael Bustillo, que no se presentaron a la audiencia preliminar.
A esta únicamente asistieron cinco de los 11 procesados que seguirán con arresto domiciliario. Cristiani y Parker están fuera del país.
Cristiani es acusado de responsabilidad penal por omisión en la masacre, mientras que Parker enfrenta cargos por fraude procesal y encubrimiento. El expresidente salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno.
Otro de los imputados, Oscar Lineres, quien era el comandante del Batallón Atlacatl, dijo que la unidad que cometió los asesinatos fue solicitada por orden del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada para otros roles y que él no supo que fue enviada a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
La Fiscalía acusa a los militares retirados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española; el salvadoreño Joaquín López y López; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos, de la UCA.
En 1991 ya se llevó a cabo un juicio por la muerte de los seis jesuitas y las dos colaboradoras. En ese entonces fueron procesados ocho funcionarios de rangos menores, pero un jurado absolvió a seis. Los dos restantes fueron declarados culpables, pero dos años después —con la amnistía promulgada en 1993 durante el gobierno de Cristiani— ambos fueron indultados y liberados tras pasar unos meses en prisión.
Después de que en 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía general —la cual impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra—, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio, pero todos sus esfuerzos recibieron la negativa de los jueces y de la misma Corte Suprema de Justicia amparándose en la ley de amnistía.
En 2020 los abogados de los hoy procesados incluso lograron que la Sala de lo Penal emitiera una resolución que impedía investigar a los autores intelectuales, pero en 2022 todo cambió, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Sala de Penal que modificara su resolución y se permitiera investigarlos
Con esa orden, se reabrió el caso y la Fiscalía presentó la acusación contra el expresidente Cristiani y el resto de imputados, presuntamente vinculados con la matanza.
La Comisión de la Verdad —que investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil de 1980 a 1992— responsabilizó del asesinato de los jesuitas a los altos mandos que ahora son procesados por la Fiscalía General.
En el primer día de audiencia ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, el martes pasado, los abogados defensores de algunos de los imputados presentaron alegatos para buscar la nulidad del proceso y que se archivara la causa, pero todas sus peticiones fueron denegadas.
Con información de Los Ángeles Times
Foto: @cortesupremasv (Referencial)