La elección de nuevas autoridades universitarias es materia pendiente, tras la suspensión de elecciones ordenadas en 2010 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y obligó a rectores, vicerrectores y secretarios del momento a permanecer en sus cargos. En el estado Lara son afectadas la UCLA, UPEL y Unexpo.
Nueve años después, en agosto 2019 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia 0324 que ordena elecciones inmediatas en la UCV y determinó plazo de seis meses para llevar adelante los comicios en la ULA, UC, USB, UCLA, UNET, Unexpo y la UCAB-
Pero, a la vez suprimió los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades que rigen el procedimiento de elección de autoridades, publica el Observartorio Venezolano de Universidaddes (OBU).
Además, la sentencia ordena “la igualdad de condiciones para elegir las autoridades universitarias», según el artículo 34, apartado 3, de la Ley Orgánica de Educación (LOE).
En la sentencia se establece el voto paritario de cinco sectores: profesores (menor proporción), administrativos, obreros, estudiantes y egresados. El ganador debe tener mayoría en al menos tres de esos sectores.
El polémico procedimiento conocido como 1×1 que desde 2009, fecha de la promulgación de la LOE, ha sido una piedra de tranca para la renovación de autoridades y que generó un limbo jurídico desde 2011.
Tanto la Sala Electoral como la Constitucional del TSJ admitieron recursos que se contradecían y ante el conflicto de competencia se imposibilitaron nuevas comicios para renovar los cargos de rectoría y decanatos en todas las universidades.
En diciembre de 2019, el entonces ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz pidió una prórroga al TSJ para las elecciones universitarias en el país. Sin embargo, a la fecha no se ha celebrado comicios ni como lo establece la Ley de Universidades ni como ordenó el mismo TSJ ese año.
“Campanada” en la UCLA
En agosto de 2017 fallece el rector de la UCLA, Francesco Leone, ante la ausencia absoluta, el consejo universitario designó en condición de rectora encargada a Nelly Velázquez, quien renunció en septiembre de 2021, tras casi 20 años en responsabilidades gerenciales.
Actualmente, sólo queda una de las autoridades electas en 2006 en la UCLA y “hay presiones de grupos oficialistas para que el Gobierno designe a los sustitutos sin comicios, saltándose las leyes y el reglamento interno”, acusa OBU.
”Piden en redes sociales y correos electrónico de profesores, trabajadores y estudiantes la designación de autoridades en UCLA”, lo cual –sostiene OBU– carece de soporte constitucional y legal.
A juicio de OBU , “es una campanada de la inminente imposición del rector y demás autoridades por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), cuya mayoría -que no fue electa democráticamente- controla el oficialismo”.
“Sin elecciones ni respaldo de la comunidad universitaria, en un contexto de vulnerabilidad institucional y falta de recursos para sostener a la universidad, llega esta solicitud de una intervención a la UCLA”, analiza el OBU.
Advierte que para la designación, vía excepcional, de las autoridades de la UCLA por parte del CNU tendría que haber un proceso administrativo sancionatorio en contra de las actuales autoridades y ello no ha ocurrido, se acuerdo con el artículo 20, numeral 14 de la Ley de Universidades.
El reglamento de la UCLA (aprobado por el decreto de la Presidencia de la República N° 2.526 del año 1992) consagra en su artículo 16 que, en caso de falta absoluta del rector o de las otras autoridades, se debe proceder a la elección de los sustitutos.
Pero una medida del TSJ prohíbe hacer cualquier elección. Por ello, el carácter de encargada de la profesora Nelly Velásquez en el ejercicio de la función de rectora hasta su renuncia en septiembre pasado, recordó.
Como corresponde en derecho, existe un orden de sustitución, por lo que, pasado el tiempo, de acuerdo con el reglamento general de la UCLA, el Consejo Universitario procedió a designar recientemente al vicerrector administrativo, profesor Edgar Alvarado Ramírez, como rector (e), tras el permiso y posterior renuncia de la profesora Velázquez.
Asegura el OBU que el CNU no tiene la competencia para designar autoridades en la UCLA en el caso de faltas absolutas de alguna de ellas. El artículo 20, numeral 15 de la Ley de Universidades establece que esta atribución del CNU solo aplica para las universidades nacionales no experimentales.
Nombramientos “a dedo”
Expone el OBU que se han suscitado nombramientos “a dedo” sin consultar a las comunidades universitarias cuando ha habido ausencias absolutas.
En diciembre de 2019, el CNU impuso al Cloetilde Navarro como vicerrector administrativo de LUZ. Igualmente, en julio de 2017 el CNU impuso a Luis Holder como vicerrector académico de la USB.
En septiembre de 2021, el CNU designó unilateralmente al Rector, al Vicerrector Académico y al Vicerrector Administrativo de esta casa de estudios, sin considerar el reglamento interno y la autonomía que se le otorgó a la Universidad vía Decreto Presidencial durante el gobierno de Rafael Caldera.
Control del gobierno
Actualmente, el Gobierno de Maduro controla aproximadamente 61 de las 71 universidades públicas de Venezuela. La desproporción del CNU es notoria, ya que en la Asociación de Rectores Universitarios (Averu), solo están agrupadas 10 universidades, mientras que en la oficialista Asociación de Rectores Bolivarianos (Arbol), están congregadas unas 61 instituciones de educación superior.
Las decisiones del CNU, terminan siendo impuestas por una mayoría de rectores que no fueron escogidos en el seno de sus universidades sino nombrados por el mismo Gobierno.