Humberto Prado, comisionado para los DDHH y Atención a las Víctimas, designado por la Asamblea Nacional, presentó este lunes 20 de julio el informe «Venezuela entre la oscuridad y la esperanza«, cuyo objetivo es describir y detallar las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales registrados el año pasado en Venezuela.
La Comisión detalló que durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), tuvieron la oportunidad de entregar en manos de los Comisionados un primer resumen del Informe Anual 2019 sobre violaciones a DD HH.
El comisionado explicó, que luego de la victoria de la oposición venezolana en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), en el 2015, el Gobierno suspendió a 6 diputados del estado Amazonas y, posteriormente, la declaró en desacato. Desde entonces, «18 diputados han denunciado hostigamiento y persecución por parte de grupos irregulares órganos del Estado, mientras que otros 33 permanecen en el exilio; 4 están refugiados en embajadas; 5 en la clandestinidad y otros14 fueron despojados de su pasaporte», detalla.
En cuanto a la independencia judicial, indicaron que uno de los principales problemas es la alta provisionalidad de los jueces, pues la remoción arbitraria de estos afecta la garantía de inamovilidad y la independencia judicial.
Libertad de expresión y actuaciones de las FAES
Prado reiteró que el 2019 se caracterizó por una marcada agudización de conflicto político y crisis social en Venezuela, donde «los periodistas y el derecho a la libertad de expresión se vieron fuertemente afectados en sus intentos de reportar los sucesos del país»
Según el informe «seis canales internacionales fueron sacados de la programación, 20 emisoras salieron del aire por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y se registraron más de 28 casos de bloqueos y ataques cibernéticos a sitios web informativos.
Se registraron al menos 2.219 detenciones arbitrarias relacionas con el ejercicio de la libertad de expresión. La mayoría de las víctimas fueron trabajadores públicos y de la prensa, tanto nacionales como extranjeros, siendo algunos de estos expulsados del país tras su liberación».
Con relación a las actuaciones de las Faes, la Comisión señaló que, entre enero y mayo 1.560 personas fueron asesinadas, bajo el calificativo de “resistencia a la autoridad”, lo que esquematiza un patrón de conducta al momento de ejecutar acciones criminales.
El 95% de casos de tortura registrados por el Instituto de Casla evidencian prácticas de violencia sexual.
Servicios públicos
La Comisión para los Derechos Humanos, encontró que en 2019 se agravó la situación del deterioro de los servicios públicos. Al menos 4,3 millones de venezolanos no tienen acceso a agua potable de calidad. En cuanto a la electricidad, 48% de los consultados manifestó haber permanecido al menos tres días sin energía eléctrica, un 33% informó que pasan cuatro días sin el servicio y otro 4% respondió que pasa más de 7 días sin electricidad.
Recalcó la profunda crisis de DD HH que padecen los pueblos indígenas, con la explotación laboral, sexual y la violencia que sufren los niños y mujeres de estas comunidades que trabajan en las minas del Arco Minero del Orinoco y que afectan a unos 50 grupos étnicos.
La comisión señala que estas actividades ponen en riesgo la existencia de poblaciones como pemón, warao, wayuu y añu. Al menos 16 etnias reclaman la propiedad de esas tierras.
La coordinación de Migrantes y Víctimas de la comisión, reportó que Venezuela experimentó el flujo de movilidad humana más grande de su historia, con 4,6 millones de migrantes y refugiados en todo el mundo para finales de 2019.
Para la comisión para los DDHH y Atención a las Víctimas, el informe cumple con el objetivo de denunciar las violaciones de DDHH que tomaron lugar en el año 2019, para contrarrestar el silencio del gobierno respecto a cifras de interés público, así como la censura que imponen frente a aquellos que intentan publicarlas.
Con información de Panorama.