La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), a través de su Comisión de Justicia y Paz, solicitó uh medida humanitaria para los tres activistas de Fundaredes actualmente enjuiciados por atribuírseles, por parte del gobierno nacional, algunos delitos de tipo penal.
Se trata de Javier y José Rafael Tarazona, y de Omar de Dios García, los que fueron detenidos en Coro, Estado Falcón, hace ya alrededor de cuatro meses, en circunstancias ampliamente conocidas de la opinión pública nacional.
Una detención que, por cierto, se practicó en el interior de la sede de una Fiscalía del Ministerio Público, en la capital falconiana, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Recientemente
De acuerdo con el portal “Laclé en Línea”, en un documento recientemente emitido por la antes citada Comisión de Justicia y Paz, se señala que los referidos tres ciudadanos fueron “aprehendidos en el ejercicio de sus labores de denuncia y promoción de derechos humanos como activistas en temas que resultan de particular sensibilidad”.
Y agrega: “La detención se produce precisamente en una sede del Ministerio Público, cundo Javier Tarazona se encontraba denunciando actos de seguimiento y de amedrentamiento hacia ellos por parte del mismo cuerpo de seguridad del Estado que practicó sus detenciones”.
En el mismo escrito, se recalca que, entre otros aspectos, tales detenciones fueron realizadas sin orden judicial; fueron practicadas por funcionarios del mismo organismo de seguridad al que estaban denunciando, y, además, en contra de activistas que defienden los derechos humanos y adelantan acciones de denuncia.
“Condiciones inadecuadas”
Luego de algunas consideraciones, el referido documento destaca que “hemos recibido información de los familiares que indican que estas personas privadas de su libertad se encontrarían en condiciones inadecuadas de detención, lo que, en el marco de la pandemia, pondría su situación en mayor riesgo”.
“También hemos recibido información de esos mismos familiares que indican que los detenidos se han contagiado de covid-19, y que han sido trasladados a un centro de asistencia médica que los familiares desconocen con exactitud, y que, además, se les ha negado información sobre su estado de salud”.
Peticiones
“Por estas razones” –continúa el escrito–, “exigimos: Primero, respeto al trabajo de los defensores de derechos humanos en el territorio nacional”.
“Segundo, información oportuna y fidedigna de las condiciones de salud y jurídicas de los detenidos”.
“Y, tercero, se considere el otorgamiento de una medida humanitaria, por razones de salud, a los tres detenidos”.
El documento, sin embargo, no menciona concretamente qué tipo de medida humanitaria se solicita.
El manifiesto lo firma monseñor Roberto Luckert León, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV.
Reinaldo Gómez