Anderson Piña Pereira- Para el politólogo Germán Aponte la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), durante el mediodía de este lunes, contra la directiva de la Asamblea Nacional, que actualmente es presidida por Juan Guaidó “es más política que jurídica”.
El especialista afirma que desde el punto político el fallo emitido por el TSJ es el mismo que se le aplicó al parlamento venezolano, en julio del año 2017, tras ser considerado en desacato bajo el decreto 545 y por consecuencias todos sus actos son nulos.
Aclara que al parecer la intención de la Sala Constitucional es crean una división en la oposición, al afirmar que para el TSJ, el único presidente legítimo de la AN, es Henry Ramos Allup, “pero el trasfondo es que tanto Allup, como a Julio Borges y Omar Barboza fueron elegidos por los mismos diputados que eligieron al dirigente nacional de Acción Democrática.
A juicio de Aponte, este nuevo fallo del TSJ en término emocional lo que hace es generan mayor atención hacia Venezuela y reafirmar el apoyo internacional.
Mientras el abogado José Gregorio Zaa, asevera que en el ámbito jurídico quien está en desacato es Nicolás Maduro, tras usurpar la presidencia del país.
Zaa también sostiene que esa decisión del TSJ es y será inejecutable, y tampoco será avalada por el pueblo, “porque los mismos venezolanos, a quienes quieren juramentar es a Juan Guaidó”.
Insiste en la petición de millones de ciudadanos, quienes lo que exigen es el cese de la ursupación y comenzar el inicio de una posible transición.
Ante la posibilidad de una posible persecución contra Guaidó, explica que eso no será posible, porque no los magistrados acatarán esa decisión.
El diputado Edgar Zambrano y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, considera que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- que desconoce a la Asamblea Nacional es un acto inoficioso de manera reiterada por parte del tribunal.
“Esa decisión fue dictada durante el primer termino del año legislativo en 2016 e igualmente hicieron en 2017, sucesivamente en 2018 y ahora en 2019”.
Además, apunta la sentencia del TSJ no será acatada por “el pueblo venezolano y la sociedad política que se canso del abuso de poder y de la burla a una institución legítimamente electa por el pueblo”, y añade que esa decisión del gobierno lo que intenta es “inhabilitar la vocería del parlamento nacional, correrle al control político del parlamento y negar el proceso de formación de las leyes (…) “Estamos en presencia del abuso de poder, de la negación de la democracia y de la inhabilitación del texto constitucional”.
