Un total de 236 organizaciones de la sociedad civil alertan que de aprobarse una ley para regular y fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tendría como consecuencia «cerrar definitivamente el espacio cívico» en Venezuela.
A través de un comunicado conjunto, las ONG manifestaron su «alarma y profundo rechazo» al proyecto de «ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” que Asamblea Nacional (AN) prevé aprobar en los próximos días.
Refirieron que en 2023, ese proyecto fue objetado por la comunidad internacional, tanto la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión Independiente de Determinación de los Hechos.
Lo consideran la improcedencia de esta ley, por «su carácter abiertamente violatorio del derecho a la libertad de asociación y otros derechos humanos, ya que ocasionaría el cierre definitivo y la militarización del espacio cívico y daños irreparables a los derechos de la población y al tejido de la sociedad venezolana”.
A juicio de la ONG, el proceso para aprobar la referida ley está plagado de “claros vicios” ya que no se conoce oficialmente el texto del proyecto ni ha habido una convocatoria previa, amplia y plural para su discusión.
Además, advirtieron sobre una «pública y notoria la intención de hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil venezolana», reseña Monitoreamos.
Cuestionan que durante la consulta pública realizada por la AN hubo una presencia mayoritaria de cuerpos militares y de inteligencia policial.
Explicaron -en el comunicado conjunto- que en Venezuela ya existe un sistema regulatorio legalmente establecido y favorable al ejercicio de la libertad de asociación, por lo que consideran que no es necesaria una nueva ley.
También analizaron que esta nueva ley «no está concebida para mejorar la prevención y sanción de posibles ilícitos o situaciones irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones, puesto que, en sus propias declaraciones e intercambio de información con organismos internacionales, como el GAFIC en la Evaluación Mutua de Marzo 2023, el Estado ha afirmado que, en todo caso, estos supuestos hechos tienen una ocurrencia muy menor en el país y existen los procedimientos judiciales para investigarlos y aclararlos, de conformidad con el Estado de Derecho y debido proceso».
«En su exposición de motivos y articulado, la ley transforma el derecho asociativo en un asunto de ‘orden público’ con el que se afianza la sospecha y presunción de delitos y la intervención injustificada de los cuerpos militares y de seguridad en la vigilancia y control de las asociaciones sin fines de lucro, profundizando la criminalización, penalización, ilegalización y confiscación de las libertades de reunión pacífica, expresión, información, participación, defensa de derechos, así como la denuncia, la crítica, el cuestionamiento o la disidencia pacífica, el acceso a los sistemas de protección de derechos y a la cooperación internacional para la asistencia humanitaria y el desarrollo, asimilando todos estos derechos con ‘terrorismo’, ‘conspiración’, ‘desestabilización’, ‘injerencia extranjera’ o simplemente ‘actividades políticas’”, advirtieron.
Alertaron que en el nuevo proyecto se plantea que habrá, entre otros registros, un empadronamiento militar en el Registro para la Defensa Integral que es administrado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Asimismo – a su juicio- la ley no promueve ni protege el derecho a la libertad de asociación, sino por el contrario, deja sin efecto los registros de los que disponen las asociaciones con personalidad jurídica para trabajar en el país y crea un nuevo régimen asociativo de “relevancia pública”, militar y fuera de la Constitución, que impone la autorización, control y fiscalización del Estado sobre todo el ciclo de vida de las asociaciones.
Llamado a la AN
Las 236 organizaciones que suscribieron el comunicado, hicieron un llamado a la Asamblea Nacional «a no insistir en el avance y discusión de un texto que viola a todas luces múltiples derechos humanos, incumple e irrespeta la Constitución Nacional y no contribuye de ninguna manera a mejorar el ambiente país en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja y periodo electoral». Además, instaron a la comunidad internacional a rechazar esta ley.