Un informe de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicado este 21-Feb, denuncia la “escasa información” oficial sobre la situación de las personas de la comunidad LGTBIQ+ recluidas en centros penitenciarios del país, quienes, según el texto, son víctimas de violencia física y psicológica.
“El derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios en Venezuela, en el que se evidenció que la opacidad y ausencia de datos sobre las cárceles en Venezuela contribuyen a la invisibilización de la población LGBTIQ+ encarcelada”, señala el informe Personas privadas de libertad LGBTIQ+.
Humberto Prado, fundador y director del OVP, recalcó que este “problema tiene su base en la falta de personal debidamente formado, lo cual no es imposible porque hay un mandato constitucional que establece que las personas que trabajan en las cárceles deben ser penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”.
Explica que, aunque una persona cometa un delito, es un ser humano y debe tener garantía plena a sus derechos.
“El delito se queda en los tribunales y quien ingresa en la prisión es la persona para su reinserción social y garantizar sus derechos humanos. Si el Ministerio tuviera un mínimo de humildad, convocaría a una reunión para intercambiar sobre este tema tan importante, porque nuestras recomendaciones sólo son en beneficio de las personas privadas de libertad, que son los más vulnerables”, dijo.
Por su parte, Gabriela Buada, directora de la ONG Caleidoscopio Humano y colaboradora de OVP, explicó cómo la situación de la población LGBTIQ+ privada de libertad es muy compleja y desafiante, debido a la discriminación y estigmas que enfrentan por su orientación sexual e identidad de género.
En ese sentido, Buada aseguró que uno de los flagelos más preocupantes de Venezuela es el machismo. Además, advirtió sobre la ausencia de políticas inclusivas que atiendan las necesidades de esta población.
El informe destaca que no existen datos oficiales, segregados o diferenciados de la población LGBTIQ+ privada de libertad, lo que trae como consecuencia “que no se reconozca su existencia en las cárceles, no se puedan abordar sus necesidades específicas de forma adecuada, así como tampoco se pueden exigir responsabilidades y mejoras en su trato porque hasta la fecha no se ha hecho una rendición de cuentas por parte del Estado”.
Carece de una legislación
En otro orden de ideas, el texto explica que el país carece de una legislación específica para personas LGBTIQ+, y señala que solo existen normas, “por lo que el sistema penitenciario venezolano carece de diferenciación, lo que agrava la situación de vulnerabilidad para las personas que se encuentran en prisión”.
La OVP constató que en las cárceles venezolanas no existen espacios adecuados para la población LGBTIQ+, quienes no tienen acceso a una atención médica adecuada ni de forma regular. En caso de que necesiten ser trasladados a un centro de salud, “esto se efectúa de forma arbitraria y discrecional”.
Señala que, “al igual que el resto de la población penitenciaria”, la comunidad LGBTIQ+ no tiene acceso de forma constante a personal médico; por el contrario, son enfermeras quienes asumen estos roles.
“Tampoco tienen derecho a exámenes médicos con periodicidad para detectar enfermedades como VIH, TBC, entre otras, y son los familiares quienes deben realizar un trámite si desean obtener el permiso requerido”, indica.