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Por esta razón el Gobierno venezolano rechaza informe de la Misión de DDHH-ONU

Por esta razón el Gobierno venezolano rechaza informe de la Misión de DDHH-ONU

Foto: Cancillería Venezuela

Este miércoles 22-Mar, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, presentó en Ginebra una actualización de la situación en Venezuela, la cual fue calificada de «vergonzosa» por el representante del país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant.

«Esta reunión es parte de la estrategia realizada por Estados Unidos y la Unión Europea para atacar a Venezuela y mantener la campaña mediática contra el país»; dijo el representante venezolano.

Indicó que el deseo del Gobierno venezolano es promover los derechos humanos y lo demuestra con la renovación por dos años de la oficina del Alto Comisionado en el país.

«Venezuela ha recibido por dos veces a los más altos exponentes de los derechos humanos en los últimos años«, aseguró.

Sin embargo, la Misión de la ONU señala que la administración del presidente Nicolás Maduro, ha conseguido «atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política» a través de actos de violación de los DD.HH., que no han sido investigados y por los que nadie ha sido sancionado.

De esta manera se han asfixiado las protestas, a lo cual también contribuyó la pandemia de covid-19, previa a la cual se documentó «el último pico de detenciones ilegales generalizadas seguidas de actos de tortura».

«No obstante, graves violaciones de los derechos humanos continúan produciéndose en Venezuela. Entre ellas se cuenta la detención de personas opositoras o consideradas como tales», señaló la Misión.

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, hizo referencia a datos de oenegés locales que cifran en 282 el número actual de prisioneros políticos (civiles y militares), a los que se les restringe el acceso a los alimentos y tratamiento médico y a una defensa legal, mientras que sus familiares sufren acoso.

La experta aseguró que, aunque las protestas masivas se han reducido, los sindicatos -en particular de la educación, la salud y la industria siderúrgica- se han movilizado más con críticas al gobierno, lo que ha llevado a la persecución de sus dirigentes, a los que se ha acusado de terrorismo, conspiración y de asociación para delinquir.

“Persistencia en patrón de ejecuciones extrajudiciales”

Valiñas, denunció que persisten los patrones de ejecuciones extrajudiciales durante los operativos de seguridad en el país.

“Las informaciones recabadas por la Misión hasta la fecha muestran indicios de que estos patrones persisten. El número muy elevado de enfrentamientos con la fuerza del orden reportado por la ONG Control Ciudadano, que contabilizó 716 casos en 2022, es indicativo de dicho patrón”, explicó.

Dijo que aunque las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron formalmente disueltas en julio de 2022, la realidad sería que “sus principales funciones, mandos e integrantes han sido absorbidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) como parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”.

Valiñas destacó que la creación de la DAET coincide con el lanzamiento de los operativos de seguridad contra el crimen organizado conocidos como Operación Trueno.

“Entre abril y septiembre de 2022 se llevaron a cabo siete de estas operaciones en Aragua, Anzoátegui, Guárico, Miranda y Yaracuy”, que han dejado cerca de 70 personas muertas.

ONG y defensores de DDHH

“Persisten y en algunos casos han aumentado los ataques contra ONG y personas defensoras de DDHH, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otras personas de la sociedad civil, así como a líderes políticos“, denunció.

Valiñas reiteró la preocupación de la Misión por las leyes y procedimientos administrativos que “entorpecen el funcionamiento de la sociedad civil” en el país.

En particular se refirió a los dos proyectos de ley que avanzan en la Asamblea Nacional chavista para regular a las ONG, restringir el financiamiento internacional y hasta ilegalizar a las organizaciones de la sociedad civil. 

Persecución a sindicalistas

Explicó que, aunque las protestas masivas disminuyeron tras la ola represiva de 2019, en los últimos meses se ha registrado nuevas manifestaciones de trabajadores del sector público.

En este marco, denunció que “la persecución de líderes sindicales se ha intensificado”, al destacar la detención de nueve líderes sindicales de las empresas básicas de Guayana, y de los activistas vinculados al partido Bandera Roja (Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alcides Bracho), acusados por cargos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.

Ataques a la prensa

La presidenta de la Misión de la ONU también denunció que “han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación”.

Detalló que solo en septiembre del año pasado cerraron 19 emisoras de radio en el estado Táchira y 31 en Zulia. Alertó que durante 2022 el régimen de Nicolás maduro cerró el mayor número de emisoras de radio en dos décadas.

Resaltó la situación del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, de quien dijo enfrenta un juicio con “múltiples irregularidades. También mencionó al periodista Jesús Medina, quien continúa sujeto a un procedimiento penal bajo cargos de instigación al odio y agavillamiento.

Apoyo a investigación de la CPI

La misión apoyó la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de seguir investigando aparentes crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela desde abril de 2017, tras haber reunido pruebas que coinciden con las que ha recolectado la instancia de la ONU.

Valiñas volvió a pedir la cooperación del gobierno para continuar sus diligencias y que autorice la entrada al país de los miembros de la misión que preside, a lo que el embajador de Venezuela, respondió acusándolos de seguir las instrucciones de países hostiles como EEUU y los de la Unión Europea.

«No tomamos a la ligera la peligrosa práctica de sistematizar mentiras y presentarlas a los medios», señaló, al tiempo que aseguró que Venezuela está cooperando plenamente con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que tiene personal en el país.

Apenas terminó su intervención en la sesión Constant Rosales se retiró de la sala, evitando escuchar el subsiguiente debate sobre su país.

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