A juicio del diputado Diosdado Cabello, la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba aprobada este 21Mar es un ejemplo a seguir e hizo énfasis en la importancia de su cumplimiento para establecer claramente la postura de Venezuela ante la comunidad internacional.
El parlamentario criticó a las trasnacionales por su oposición al artículo 27 de la ley, que aborda temas financieros, y reiteró que Venezuela no cederá ante intereses extranjeros, reseña Noticiero Digital.
“Saludamos a quienes han defendido nuestro territorio en cualquier circunstancia, a los que no guabinearon a la hora de defender el territorio, ni esperaron la orden a ver si defendían a la ExxonMóbil o a Venezuela”, dijo.
El diputado Hermann Escarrá expresó que la “ley que recoge un mandato del pueblo de Venezuela, un pueblo soberano, independiente, que rechaza cualquier forma de intervención y que está dispuesto a defender su espacio geográfico con la vida si fuera necesario”.
¿Qué establece la ley?
Esta ley contempla la creación de un nuevo estado que limita al este con Guyana, aunque no se ha especificado la extensión exacta de la región. La Guayana Esequiba, una zona de rica biodiversidad y comunidades indígenas, será administrada por un gobernador quien será elegido mediante votación popular. Sin embargo, hasta que se realicen las elecciones, el mandatario nombrará un gobernador interino.
La ley también determina que Tumeremo, una ciudad en el estado Bolívar, actuará como sede de los poderes públicos hasta que se llegue a un acuerdo con Guyana sobre el territorio en disputa. Este acuerdo busca una solución práctica y aceptable para ambas naciones.
En un esfuerzo por reafirmar la soberanía sobre la Guayana Esequiba, la nueva legislación prohíbe que aquellos que hayan apoyado la posición de Guyana en el conflicto territorial puedan ocupar cargos de elección popular en Venezuela.
Además, se ha establecido un sistema de sanciones económicas para quienes difundan mapas de Venezuela sin incluir la Guayana Esequiba como parte integral del país. Las multas pueden alcanzar hasta los 100.000 euros (aproximadamente 108.611 dólares) y hasta 10.000 euros para aquellos que se nieguen a proporcionar información considerada vital para la defensa del territorio.