A través de una mensaje publicado en la cuenta twitter, @UNHumanRight, La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, se pronunció sobre las medidas anunciadas por el gobierno venezolano respecto a las reformas policiales y el cambio de administración de algunos centros de detención en el país.
En su tuit, se lee que “estos son pasos en la buena dirección para los derechos humanos y oportunidades alentadoras para aplicar las recomendaciones hecha por la Oficina de la Alta Comisionada en su informe”.
La Comisión de Reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana estará a cargo de 16 ciudadanos y presidida por la ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez.
Los privados de libertad que permanecían recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Sebin pasaron a custodia del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Provea: reformas son un maquillaje
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que los cambios propuestos por el Gobierno no son más que un «maquillaje» para aparentar que se aplican las recomendaciones, mientras que en realidad los cuerpos policiales son dirigidos e integrados por el mismo grupo de personas que ha violado sistemáticamente derechos humanos.
Según varios tuit publicados por esta ONG, en operaciones policiales recientes, las comisiones enviadas por la PNB se identifican como miembros de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), una división de las FAES que antes no tenía tanta actividad.
Por este motivo, Provea considera que la actividad de la DCDO se trata de un «maquillaje» de las FAES, pero que de igual forma está dirigida por militares y entre sus filas hay responsables de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos, pero sin investigaciones ni sanciones impuestas contra funcionarios de las FAES.