Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, rechazó enfáticamente la medida de traslado de los llamados «presos políticos» a cárceles comunes del país, en tanto la considera “fundamentada en intereses políticos (…) sin basamento jurídico ni práctico”.
Así lo manifestó en un comunicado divulgado el 21 de mayo, en el cual se refirió al reciente decreto 4.610 publicado en Gaceta Oficial No. 42.125, el cual ordena a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el traslado de los presos políticos a la custodia del Ministerio de Asuntos Penitenciaros.
Al respecto, el OVP sostiene que “el traslado de los presos políticos a centros penitenciarios no les garantiza su integridad física ni mental, considerando que el Estado venezolano no se hace responsable de la alimentación, la salud ni siquiera del derecho a la vida”.
Por su parte Alfredo Romero, presidente de otra ONG: Foro Penal Venezolano, declaro también este viernes, que ninguno de los detenidos por causas políticas en Venezuela “deben ser utilizados como fichas políticas y de negociación”.
Así lo analiza dado que, según él, «hay nuevamente el rumor por parte del gobierno y oposición, de que viene o hay un intento de un nuevo proceso de negociación. Ya en ocho oportunidades ha ocurrido esto y Foro Penal no apoya que utilicen a estos presos para estas medidas, aunque nosotros le damos la bienvenida a toda liberación”.
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