La Asamblea Nacional sigue sin sancionar el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, aún cuando el diputado Diosdado Cabello pidió urgencia reglamentaria.
En la sesión del martes 21 May fueron aprobados nueve de 17 artículos, antes de que la propia bancada oficialista solicitara el diferimiento del debate, cuando días antes, el diputado Cabello aseguró que se aprobaría en esa sesión.
El diputado Julio García Zerpa (PSUV-Táchira) fue el encargado de presentar en segunda discusión el proyecto. En su derecho de palabra, señaló que la ley tiene como objetivo establecer transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales.
«Si las personas naturales rendimos cuentas, ¿por qué no existe un marco regulatorio para quienes reciben grandes cantidades de millones de dólares digan de dónde vienen y para dónde están destinados?».
A su juicio, quienes han manifestado su preocupación por la normativa es porque han hecho «un gran negocio» para la legitimación de capitales o el financiamiento ilícito de partidos políticos. La bancada oficialista manifestó su respaldo a la norma.
Por otra parte, la diputada Anyelith Tamayo (AD intervenida) dijo que «estamos de acuerdo con aprobar esta ley, pero también queremos enviar un mensaje de tranquilidad a las ONG que hacen el bien ante el país».
Aseguró que el mencionado articulado no los perjudica «de ninguna manera». Señaló que «debemos estar de acuerdo en el tema de fiscalización ¿Por qué no estarlo?», se preguntó. Al mismo tiempo, dijo que de esa forma se fortalece «nuestro sistema político y democrático.
«Esto (la ley) va de la mano con la libertad de asociarse libremente, por lo que también agradecemos que no sea un instrumento para perseguir».
En febrero de este año, la AN ordenó iniciar una consulta pública «con el pueblo y las organizaciones involucradas», pese a las abundantes objeciones que este documento ha recibido tanto de ONG nacionales como de instancias internacionales, que reclaman que esta acción forma parte de una política sistemática del Estado venezolano que pretende criminalizar, restringir y perseguir su trabajo.
El documento del proyecto de ley para regular las organizaciones no gubernamentales, presentando en enero de 2023, y cuya consulta pública se ordenó en febrero, no está publicado en el portal de la Asamblea Nacional.