La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del oficialismo, aprobó este viernes por unanimidad una reforma constitucional que otorga mayores poderes al presidente Daniel Ortega y extiende su mandato presidencial por un año adicional. Esta reforma, que modifica más de un centenar de artículos de la Constitución, establece a Ortega como el «coordinador» de los poderes legislativo y judicial, lo que le permite concentrar aún más el control sobre el Estado.
La ley, que también formaliza a la vicepresidenta Rosario Murillo como «copresidenta», será ratificada nuevamente en enero durante una segunda legislatura, según reportes del diario ‘La Prensa’. Entre las modificaciones, se incluye la declaración de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo oficial de Nicaragua.
La iniciativa ha sido objeto de críticas internacionales, incluyendo un rechazo contundente por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien calificó la reforma como una «aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial» y una agresión al Estado de derecho democrático. Almagro advirtió que esta medida busca consolidar el control absoluto de Ortega sobre el país.
Nicaragua se prepara para nuevas elecciones en noviembre de 2026, en un contexto marcado por la represión de la oposición, la privación de nacionalidad a disidentes y la clausura de numerosas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. La aprobación de esta reforma constitucional refleja la intención del gobierno de Ortega de afianzar su poder en un clima de creciente tensión política y social.