Voluntad Popular (VP) del Estado Lara rechaza el reciente informe presentado por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la abogada bielorrusa Alena Douhan, acerca de las consecuencias de las sanciones económicas impuestas al gobierno de Venezuela por Estados Unidos y la Unión Europea.
Como es sabido, en dicho informe, la mencionada funcionaria tilda –entre otros calificativos- de “devastador” el efecto de tales medidas sobre la economía venezolana, y asevera que, de alguna manera, agravaron la situación calamitosa de los servicios públicos en Venezuela.
Sobre tal materia, opinaron los abogados constitucionalistas José Gregorio Zaá y Fritz Slusnys, y el parlamentario nacional Rafael Veloz.
El primero es coordinador político de VP en esta entidad federal y profesor universitario; el segundo es directivo del Colegio de Abogados del Estado Lara y coordinador regional de gremios de la misma organización política, y el tercero es diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y miembro de la dirección nacional del referido partido.
Ligereza pasmosa
En una razonada declaración escrita, los tres dirigentes, luego de un minucioso análisis del informe en cuestión, señalan:
-Decimos que esa señora incurre en una ligereza pasmosa porque, en primer lugar, omite, no sabemos si intencionalmente, la violación sistemática y continua de este gobierno a los derechos humano de los venezolanos, lo cual contradice abiertamente lo que establece muy claramente la Constitución venezolana.
-En segundo lugar, no hace alusión dicho informe a la negativa contumaz de este régimen a permitir la visita de otros funcionarios de las Naciones Unidas, ni al incumplimiento del gobierno venezolano a sus obligaciones internacionales y a las recomendaciones de la señora Michelle Bachelett, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
-En tercer lugar, desconoce, o pretende desconocer, que la situación de pobreza extrema que embarga a una sostenida y cada vez más creciente mayoría de venezolanos es una realidad que se ha presentado mucho antes de que el mundo reconociera la grave y compleja crisis humanitaria existente en el país.
-E ignora, tampoco sabemos si intencionadamente, que, a consecuencia de ello, se adoptaron las sanciones económicas, en su mayoría dirigidas a particulares, responsables de corrupción, de mala administración y de imponer políticas públicas dirigidas a eliminar un sistema y a imponer otro, contra viento y marea.
-Otro sistema, por cierto, totalmente distinto y cuyo fracaso rotundo ya se presentó en la desparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), todo ello a un costo de más de 20 millones de vidas humanas.
-Justamente, los únicos “aciertos” de este “ensayo” comunista soviético fueron, por un lado, conformar allí una nueva élite económica y políticamente poderosa, y, por el otro, someter a quince naciones a la mayor miseria conocida en la historia de la humanidad.
-¡Ah…! Y por cierto, una de esas naciones sometidas fue la de Bielorrusia, hoy igualmente sometida a las arbitrariedades de otro sanguinario tirano como Aleksandr Lukashenko, que lleva ya 22 años impúdicamente en el poder.
-Resulta, entonces, que esta señora, que representa en la ONU a este sátrapa, es quien viene a levantar y presentar este evidentemente sesgado informe.
Más de 300 prisioneros políticos
-También esta dama olvidó hacer referencia a los más de 300 prisioneros políticos existentes en el país, muchos de ellos con varios años ya tras las rejas, y al uso de la “justicia” como arma para perseguir y encarcelar a opositores, por el simple hecho de serlo.
-De esto último, para citar únicamente dos ejemplos, están la reciente detención arbitraria del periodista Roland Carreño y la situación del funcionario policial Arube Pérez, quien salió libre después de purgar 17 años y 10 meses de presidio por un señalamiento de corte político.
-Se utiliza también esa “justicia” para perseguir a la única Asamblea Nacional legítima, como lo es la electa en el año 2.015, y a sus parlamentarios; y se persigue hasta con saña a la prensa libre, a los periodistas y a la libertad de expresión.
-Y, de paso, no tomó en cuenta tampoco el hecho cierto de los abultados y milmillonarios recursos públicos que ha manejado esta administración en los últimos 22 años, la mayor parte de los cuales han sido dilapidados, malbaratados o han ido a parar a los bolsillos de la corrupción.
Reinaldo Gómez
Foto: Cortesía VP