Este martes 22 de febrero, el Tribunal Supremo de Osaka (oeste), en Japón, ordenó al gobierno nacional pagar 27,5 millones de yenes (unos 240.574 dólares) a tres personas que fueron esterilizadas a la fuerza en el país en correspondencia a la ya derogada ley de eugenesia.
De acuerdo al ministerio de Salud nipón, unas 16.500 personas fueron operadas sin su consentimiento en la adolescencia para evitar que procrearan, de acuerdo a una ley vigente desde 1949, derogada en 1996, que afectaba a las personas con discapacidad genética.
Abogados y defensores de las víctimas han fustigado desde hace mucho tiempo al gobierno por no haber indemnizado a esas personas esterilizadas, en tanto la justicia ha desestimado varias demandas en este sentido en los últimos años, argumentando que el plazo de prescripción (20 años) había sido superado.
«La decepción de los querellantes y otras personas conmovió al magistrado, ‘moviendo una montaña», indicó a la televisión Tamano Tsujikawa, su abogado defensor.
La reclamación de los demandantes había sido desestimada en 2020 por un tribunal de primera instancia, pero el juez del Supremo afirmó que dicho fallo «violaba groseramente al espíritu de justicia e igualdad».
De acuerdo a cadena televisiva pública NHK y otros medios nipones, fue la primera vez que un tribunal dicta el pago de daños y perjuicios en un caso de esterilización forzada.
Se trata de un «veredicto muy duro para el gobierno», reaccionó ante los periodistas Shigeyuki Goto, ministro de Salud.
Los tres querellantes son una pareja de ancianos, ambos con graves problemas de audición, y una mujer con discapacidad intelectual, de acuerdo a un grupo de apoyo local.
Fuente: El Deber