El oro se ha vuelto la «divisa de la lealtad» en Venezuela, opinó un panel de expertos reunido en Chatham House o el Instituto Real de Asuntos Internacionales de Londres en Inglaterra el miércoles 22 de febrero.
A juicio de David Soud, del Centro de Energía Global del Atlantic Council, esa lealtad se obtiene al repartir los beneficios de la producción del oro en el llamado Arco Minero del Orinoco, que representa más del 12 % del territorio del país.
El metal sale a menudo en forma de barras de doré, una aleación semipura sin refinar, y luego de pasar por diferentes países de tránsito como Surinam, Guyana, Colombia o Brasil, alcanza destinos tan lejanos como Emiratos Árabes Unidos, India o Suiza y, sobre todo, Estados Unidos. El Gobierno central, instalado en los últimos años en Venezuela, está muy atento.
LOS CUENTOS
Soud, autor de un amplio estudio sobre los flujos del cotizado material, explicó que la diferencia en la extracción ilegal de oro en Venezuela respecto a otros países vecinos es «la asociación entre el Gobierno y organizaciones criminales» tanto nacionales como colombianas.
«La situación en Venezuela empezó a desarrollarse en 2011, cuando Hugo Chávez nacionalizó la industria minera y creó un vacío que llevó a la intrusión de criminales, pero fue en 2016, con la inauguración del Arco Minero, cuando se produjeron las condiciones que vemos ahora», aclaró Soud.
Recordó que «el oro no es algo intrínsecamente ilegal», lo que hace más necesario que la gente sepa la importancia en que su origen sea lícito, para lo que se requiere «mucha educación y mucho compromiso, incluso dentro de los cuerpos de seguridad». Señaló que «el oro no es droga, es relativamente fácil moverlo, pero se puede mitigar ese riesgo», abundo Soud.
Cristina Burelli, directora de la ONG V5 Initiative y enlace internacional de SOS Orinoco, criticó que «todos los procesos en esa zona no son más que una apariencia», y se hacen para «establecer un control oficial sobre la actividad minera, controlada por grupos armados», incluidos los disidentes de las FARC y el ELN.
«Todos los informes, desde la OCDE a la ONU, reflejan la implicación delictiva del Gobierno venezolano en la minería», indicó, al tiempo que destacó el «enorme desastre ecológico» que supone esa actividad al sur del Orinoco.
Recordó que «el oro no es algo intrínsecamente ilegal», lo que hace más necesario que la gente sepa la importancia en que su origen sea lícito, para lo que se requiere «mucha educación y mucho compromiso, incluso dentro de los cuerpos de seguridad». Señaló que «el oro no es droga, es relativamente fácil moverlo, pero se puede mitigar ese riesgo», abundó Soud.
CONTINÚAN
Louis Maréchal, consejero político de industrias extractivas de la OCDE, llamó la atención sobre el hecho en que la llamada «minería artesanal» no es el problema importante ni convierte a quienes la practican en criminales, sino que el esfuerzo se debe poner en interceptar las redes que se lucran con ella.
«Las organizaciones criminales están cada vez más interesadas en el oro para blanquear dinero. No es porque consigan grandes beneficios con él, sino porque les permite mover grandes cantidades por todo el mundo sin que nadie les pueda decir nada», expreso Maréchal.
Con información de Banca y Negocios/EFE