En las cárceles de Venezuela se registró un hacinamiento del 64,19 % durante 2022, con una población reclusa de 33.558 personas sobre una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que presentó este jueves su informe anual.
«Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión, con una capacidad instalada total de 26.238. Sin embargo, en el 2022 solo se mantuvieron operativos 45 centros para una capacidad real instalada de 20.438 plazas. Ello indica un hacinamiento en riesgo crítico», explicó la organización durante una rueda de prensa virtual.
En Venezuela, señala la investigación, solo 17 centros de reclusión (37,77 %) albergan población reclusa conforme a su capacidad instalada, mientras que los 28 restantes (62.22 %) se caracterizan por permanecer «superpoblados».
El OVP explicó que, en comparación con años anteriores, en 2022 se computó un descenso en la población carcelaria del 4,5 %, lo que equivale a 152 privados de libertad menos que en 2021.
Así, los centros penitenciarios albergaban, para finales del año pasado, 30.998 hombres y 2.560 mujeres, es decir, por cada 12 sujetos privados de libertad había una mujer en la misma condición.
Solo un 2 % del total de personas privadas de libertad en Venezuela son extranjeros, unos 670 ciudadanos, subrayó la ONG.
«Las condiciones de reclusión cada vez empeoran. Ningún centro penitenciario del país cuenta con los estándares mínimos de reclusión conforme al marco jurídico internacional, y mucho menos con un enfoque diferenciado (para atender a personas con necesidades particulares)», apuntó.
Agregó que, además del hacinamiento, la población reclusa se ve afectada por el escaso acceso a servicios básicos, una alimentación «deficiente o inexistente», falta de atención médica y de acceso a la salud, violencia intracarcelaria y actos de corrupción, entre otras problemáticas.