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Cancillería venezolana rechaza informe de EE. UU., sobre violaciones de derechos humanos en el país

Foto: Referencial

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, criticó este 22-Abr, el informe emitido por el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), sobre las violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado.

A través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, dijo que el documento está «relleno de mentiras y falsedades» en contra del país.

Para el canciller, Washington elaboró un «ridículo panfleto» como parte de su «obsesión tóxica» contra Venezuela.

Argumentó que esas acciones han provocado una «violación masiva de derechos humanos» y recordó que Venezuela es «una democracia sólida».

“Nuestra Constitución y Leyes son instrumentos de vanguardia en la protección de DD.HH., no necesitamos recibir lecciones de un decadente imperio, responsable de millones de muertes en el mundo entero y en su propio territorio, producto de su sistemática política de odio y racismo”, afirmó.

¿Qué dice el informe de EE. UU.?

El Gobierno estadounidense destaca en su informe que los representantes del presidente Maduro, no tomaron “medidas creíbles” para identificar y castigar a los funcionarios del Estado que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.

En su página web, se detalla que las organizaciones que trabajan en el territorio nacional reportaron casos de abusos como ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas, condiciones penitenciarias “duras” y “potencialmente mortales” además de “graves problemas con la independencia del poder judicial”.

“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada; torturas o tratos o penas crueles. (…) No hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año”, detalla la investigación.

Asimismo, resalta casos de restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluido hechos de violencia o amenazas contra periodistas; así como arrestos o procesamientos injustificados, censura y “amenaza de leyes penales sobre difamación para limitar la expresión”.

De acuerdo al Departamento, grupos armados no estatales y bandas criminales “participaron” en actos de violencia, trata de personas, reclutamiento de niños, explotación de comunidades indígenas y abuso sexual en contra de la población.

 

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