Dos casos penales en Estados Unidos en contra del gobierno venezolano concluyeron el lunes con una sentencia de cuatro años de prisión para un empresario de Miami que daba servicio a los aviones de combate del país y una sentencia menor para otro individuo que implicó a una firme opositora del presidente Nicolás Maduro en un caso de sobornos.
Jorge Nóbrega se disculpó profusamente ante una corte federal por su decisión de proporcionar servicios a la fuerza aérea venezolana en violación a las sanciones que impuso Estados Unidos en enero de 2019 para obligar a Maduro a dejar el poder.
“A veces me encuentro paralizado por la manera en que se ha desplomado mi vida como resultado de mi terrible decisión”, dijo un notablemente perturbado Nóbrega durante la audiencia de sentencia. “Estoy avergonzado de mí. En lugar de darle alegría y felicidad a mi familia, les causo dolor, sufrimiento, vergüenza y humillación”.
Las muestras de remordimiento parecieron persuadir al juez Paul Huck, quien le dictó una sentencia de 48 meses de prisión, menos de los 57 que pedía el fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer.
Venezuela le debía dinero a Achabal Technologies, la compañía de Nóbrega registrada en Florida, por el trabajo que realizó antes de que Washington le impusiera sanciones al gobierno del país sudamericano.
Pero en lugar de solicitar una licencia del Departamento del Tesoro para cobrar el adeudo, tal como se requiere, Nóbrega —quien cuenta con la doble nacionalidad venezolana y estadounidense— acordó un programa de pagos que le obligaba a brindar nuevos servicios a la flota de cazas Sukhoi de fabricación rusa.
Como parte del plan, abrió una cuenta bancaria en Portugal en la que recibió 3,5 millones de dólares de Tipco, una compañía pública tailandesa de asfalto que había estado ayudando a la petrolera paraestatal venezolana PDVSA a violar las sanciones. Desde hace tiempo PDVSA le ha suministrado crudo a Tipco.
En el otro caso, el empresario venezolano Carlos Urbano Fermín fue sentenciado a cinco años de libertad condicional por pagar sobornos a altos funcionarios de la nación sudamericana.
Al declararse culpable el año pasado, Fermín admitió haber pagado aproximadamente un millón de dólares en sobornos a una “fiscal de alto rango” en Venezuela como “seguro” contra cualquier pesquisa sobre los extensos tratos de su empresa constructora con PDVSA.
La fiscal venezolana —que no fue identificada en los documentos de la corte— es la exfiscal general Luisa Ortega, reportó The Associated Press el año pasado.
“Nunca imaginé que estaría en esta situación”, dijo Fermín durante la sentencia, asegurando que se vio obligado a tomar una decisión imposible entre pagar los sobornos o correr el riesgo de que su negocio de 1.500 empleados fuera destruido o embargado.
Le agradeció también al gobierno de Estados Unidos por darle un refugio que le ha permitido evitar caer en el mismo destino de su hermano, quien ha estado encarcelado en Venezuela desde 2017 por lo que él considera son cargos fabricados.
“Nos hemos convertido en un bastión para desmantelar lo que está ocurriendo en Venezuela”, dijo Urbano Fermín al juez Robert Scola, quien tomó la inusual medida de sellar los procedimientos en los que se habló sobre los detalles de la cooperación del acusado, los cuales normalmente están abiertos para su consulta. “Un sistema tan dañado y dominado por los políticos”.
Ortega no ha sido acusada, pero previamente ha dicho que las acusaciones de soborno fueron un intento infundado por parte del gobierno de Maduro para obligar a confesar al hermano encarcelado de Urbano Fermín y manchar la reputación de ella como fiscal.
Ortega es admiradora del difunto presidente Hugo Chávez desde hace tiempo, pero se distanció del gobierno venezolano en 2017 por lo que consideró era la caída del país a una dictadura bajo el gobierno de Maduro.
Se le retiró del puesto de fiscal por expresar con franqueza sus puntos de vista y rápidamente escapó a la vecina Colombia, donde ella y un grupo de fiscales exiliados intensificaron sus ataques contra la corrupción en Venezuela y presentaron evidencia ante la Corte Penal Internacional sobre las supuestas infracciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro.