A partir del 4 de julio, entrará en vigencia la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social en Venezuela, la cual obliga a las empresas privadas a pagar una alícuota del 9% a un fondo de pensiones. El pago se realizará a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), y el registro se hará de acuerdo al último dígito del Registro de Información Fiscal (RIF) de los contribuyentes.
Además, la legislación también establece que las empresas que otorgan bonificaciones a sus empleados en divisas deben realizar una conversión a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) para ejecutar la retribución. Asimismo, el sector privado deberá informar al Seniat el número de empleados en nómina cada tres meses, y el ente podrá realizar fiscalizaciones para comprobar que la información es verídica y que se está cumpliendo con lo establecido en la ley.
El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, expresó su preocupación, señalando que la aprobación de esta ley debería ir acompañada de un incentivo al sector empresarial. Celis advirtió sobre el impacto de los impuestos en las utilidades de las empresas y destacó la importancia de discutir la estructura de remuneración en Venezuela entre todas las partes involucradas.
Esta nueva ley representa un cambio significativo en el ámbito de las pensiones y la seguridad social en Venezuela, y su implementación generará un impacto directo en el sector empresarial y en la protección de los trabajadores.