(AP) — El máximo tribunal de Naciones Unidas tenía previsto pronunciarse el jueves sobre la solicitud urgente de México de ordenar a Ecuador que proteja las propiedades diplomáticas mexicanas tras el asalto a la embajada en Quito para detener a un exvicepresidente.
El asalto del 5 de abril, ocurrido horas después de que México concediera asilo al exvicepresidente Jorge Glas, provocó condenas generalizadas en América Latina y agravó las tensiones ya crecientes entre los dos países desde que Glas, criminal convicto y prófugo, se cobijó en la embajada en diciembre.
En una vista a finales del mes pasado, Alejandro Celorio Alcántara, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo a la Corte Internacional de Justicia que las acciones ecuatorianas habían cruzado «líneas en el derecho internacional que no se deben traspasar»..
La vista del jueves aún correspondía a una fase preliminar del caso presentado por México, que acusa a Ecuador de violar el derecho internacional y pide a la corte que suspenda la membresía de Ecuador en Naciones Unidas hasta que el país emita “una disculpa pública reconociendo la violación a los principios fundamentales del derecho internacional” y acepte una reparación.
Es probable que el caso tarde años en resolverse. Entre tanto, México quiere que la corte ordene a Ecuador que tome “medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad a los recintos diplomáticos” y prevenir futuras intrusiones. Además, quiere que Ecuador permita a México desalojar sus instalaciones diplomáticas y las viviendas de los diplomáticos en el país.
En las vistas en la corte con sede en La Haya, el responsable del equipo legal de Ecuador, Andrés Terán Parral, defendió la redada en la embajada mexicana y dijo a los jueces que su país había actuado para detener a Glas, al que describió como un “delincuente común”.
También afirmó que no hacía falta que la Corte Internacional de Justicia interviniera porque Quito ya había tomado las medidas