Familiares de “privados de libertad” protestaron pacíficamente este miércoles 23-J frente al Edificio Nacional, de Barquisimeto, estado Lara, para reclamar justicia y cese de la corrupción en tribunales.
Desde hace cuatro meses dicen que no hay sistema, acusò una mujer en medio del grupo de los reclamantes provenientes del San Felipe, Acarigua, Quíbor, El Tocuyo y Acarigua.
El diputados Jesús Superlano y José Carmona, integrante de la comisión de Derechos Humanos ante el Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL) acompañaron a los afectados, quienes a gritos emplazaban al presidente del circuito Penal del estado Lara, Luis Ramón Díaz, a “darles la cara”.
Transcurrido el tiempo, Superlano dio un ultimato a Díaz: Salga o entramos, logrando que al mediodía ingresara al recinto una comisión de familiares y a los legisladores.
“En Lara se niega el derecho a la defensa. A los privados se les obliga a que acepten los hechos” al tiempo denunció que en Los tribunales no hay sistema para atender audiencias, pero curiosamente se reactiva cuando aparecen los dólares. Los tribunales están podridos”, reiteró.
“La justicia se ha mercantilizado”
El diputado José Carmona afirmó que, la justicia en el país y en el estado Lara se ha mercantilizado. En el estado Lara exiten poco más de 25 mil casos de personas privadas por resolver.
A su juicio, la comisión Presidencial, presidida por Diosdado Cabello y Cilia Flores para abordar las coordinaciones no gararantiza una solución, porque en ésta, no existe representate del poder popular.
En ese sentido, hace el llamado al Circuito Judicial Penal para que conforme una comisión lo más amplia posible.
Lamenta que con “el plan cayapa o plan de abordaje” los privados de libertad terminen asumiendo hechos de los cuales, en muchos de los casos, no son culpables. “Eso es contrario a un proceso de justicia claro”, dijo.
Familiares: cobran por todo
Entretanto, afuera del Edificio los familiares compartían penas y testimonios. Aseguran que hay jueces que cobran $500 para atender la causa. Por leer el expendiente cobran $10.
Asimismo, algunos funcionarios del CICPC q cobran 10 dólares para trasdalar al detenido al tribunal.
«Para incluir a un familiar en el plan de abordaje” se tiene que pagar 15 dólares. En Uribana, (cárcel) tenemos que pagar al pran $10 dólares de vacuna al pran”, enfatizó una mujer.
En las cárceles no hay comida, ni asistencia médica. En “Uribana” tienen 15 días castigados por reclamar asistencia médica, afirmó una familiar.
En los centros de reclusión se violan los derechos a la alimentación y a la salud. Los presos están desnutridos, enfermos de tuberculosis, escabiosis, entre otras enfermedades, aseguran los afectados.
A cinco años, del desorden en el centro comercial Babilón, los acusados, según el gobierno porque no hay pruebas, siguen en espera. Uno enfermó de tuberculosis, expresó un familiar.
Anny Rodríguez dijo que su familiar un ex GNB recibió un sobreimiento. Sin embargo, continúa detenido esperando por el juez, asegura.
Para hacer los traslados piden gasolina
“Se burlan de la necesidad de la gente”, -dijo el diputado Superlano- al reiterar las denuncias de los afectados, quienes aseguran que les piden la gasolina, supuestamente para trasladar al familiar y nunca llegan al tribunal, han denunciado los familiares, dijo el legislador.
@auritarosacastillo
Foto: Daniel Sosa