El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), condenó al gobierno de Venezuela a pagar 1.640 millones de dólares por las expropiaciones a empresas españolas en 2010 bajo el mandato de Hugo Chávez, entre ellas Agroisleña.
Según dicha institución, las acciones del entonces gobernante fueron una violación el acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Venezuela.
Las inversiones expropiadas fueron en las sociedades venezolanas Agroisleña, Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego.
Las empresas demandantes, englobadas como Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos, Inica Latinoamericana, Proyefa Internacional y Verica Atlántica. Estas comenzaron el laudo contra Venezuela en 2016.
Seis años más tarde, el tribunal de arbitraje decidió fallar a favor de la compañía española, condenando al país a abonar la suma de 1.629 millones de dólares (1.481 millones de euros) como compensación por su incumplimiento del acuerdo entre España y Venezuela.
A este importe se suman los intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más cuatro puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente.
Adicionalmente, el Ciadi ordenó a Venezuela pagar más de 1,1 millones de dólares por costes del procedimiento y otros 16,3 millones de dólares por gastos incurridos por el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en la defensa de sus derechos.