Las consecuencias de la política expropiatoria están a la vista, asegura Vicente Brito, presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución “Con la drástica reducción de la producción, unido a los elevados montos en dólares y bolívares otorgados por el Estado para la inversión y para cubrir las elevadas pérdidas – que se calculan en 70 mil millones de dólares desde que fueron expropiadas”
La inseguridad jurídica se ha convertido la el mayor limitante para el ejercicio de la actividad económica privada en en todo el país. A pesar de los anuncios oficiales sobre la reactivación económica se siguen produciendo invasiones y ocupaciones de terrenos y fincas productivas, destaca Brito, eventos que siguen ocurriendo en diversas zonas del país.
Al no contar con la seguridad jurídica, agregó, los interesados en invertir en agricultura, ganadería e industria se encuentran limitados y atados de manos, además de excesivos trámites burocráticos y la dificultad para obtener financiamiento bancario.
“En el oficialismo se observa ambivalencia entre quienes promueven la revisión del proceso estatizador – que contempla la devolución a sus legítimos dueños de empresas y tierras expropiadas por el Estado sin ningún pago, y los que se oponen a ceder e insisten en afianzar al Estado empresario”.
Fuente: Noticiero Digital