Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y Justicia, precisó que el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines se fundamenta en argumentos relacionados a la seguridad nacional, lo que incrementa el riesgo de ser aplicada sin considerar reglas.
Explica Romero cuáles son los derechos que se verán vulnerados con la aprobación de la mencionada ley: se sancionaría la posibilidad de ejercer de forma plena el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la libertad de promover, defender o exigir derechos humanos (DDHH)
“No se puede permitir el control total por parte del Estado a las acciones de la sociedad civil. Eso es lo que preocupa principalmente de cómo puede haber una delimitación arbitraría de las facultades que puede ejercer cada organización”, dijo la abogada y defensora de derechos humanos.
Este proyecto de Ley fue presentado en la Asamblea Nacional (AN) el 24 de enero del 2023. En ese momento el Estado recibió numerosas objeciones de la comunidad internacional, sobre todo por parte de la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, de acuerdo con información del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
El pasado martes 21 de mayo se difirió la segunda discusión pese a que el diputado Diosdado Cabello había anunciado un día antes que la ley sería sancionada en la sesión del parlamento.
En Venezuela ya existen mecanismos regulatorios para ejercer monitores y controles sobre las capacidades organizativas, destacó Romero.
La experta explicó que con el articulado que se presentó de forma extraoficial, la “Ley Anti Sociedad” puede tener afectaciones en la autonomía de las ONG, debido al alto nivel de sometimiento, posibilidad de intervenciones en el funcionamiento y prohibición de realizar actividades.
Cabe destacar que también puede perjudicar de forma directa los derechos de las víctimas o las personas beneficiarias de las organizaciones.
Eso tiene un impacto en las posibilidades de protección, apoyo y acompañamiento que las ONG les ofrece a los ciudadanos venezolanos que han sido víctima de alguna vulneración de sus garantías individuales.
“Hay que reiterar que la lectura de la ley, que está siendo discutida y analizada, aún no está disponible en canales oficiales, y esto también representa una vulneración a los derechos humanos”, expresó la abogada.
La Constitución venezolana, en la sección cuarta, establece que el proceso de formulación de leyes tiene que ser de acceso público. No pueden ser aprobadas solo con el debate de la AN, los ciudadanos deben opinar, la sociedad organizada.
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