Aura Rosa Castillo.- Sindicatos, gremios y asociaciones así como representantes comunitarios rechazaron este jueves el despido “injustificado” de la enfermera Yaneth García, por “participar en las protestas el año pasado”.
La profesional labora en el hospital Juan Daza Pereyra de Barquisimeto, (Seguro de la 50), adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en donde 11 más también tienen expedientes abiertos, por la citada razón.
En tal sentido, la presidenta del Colegio de profesionales de la enfermería en el estado Lara, Elda Jiménez, enfatizó que se trata de “un pase de factura” por reclamar derechos laborales y dotación de insumos para cumplir sus funciones, lo cual consideran insólito e inaceptable.
Igualmente, denunció atropello y persecución así como la sobrecarga de trabajo a la que son sometidas, debido a la falta de personal. Aseguró que en el referido centro de salud el déficit es de 300 enfermeras en detrimento de los usuarios.
Ello se refleja, en el servicio de Emergencia que tiene asignado siete profesionales, dos están de reposo o vacaciones y cuatro tienen expedientes abiertos. Si les aplicaran una medida similar quedaría una.
Los cargos por lo general quedan vacantes, porque pocos quieren trabajar porque el sueldo que devengan no es atractivo.
Antonia Mendoza, usuaria y habitante del barrio Santo Domingo, aledaño al Seguro de la 50, manifestó que le parece inaudito esto suceda cuando el personal “trabaja con las uñas”, pues carece de los insumos básicos para atender a los pacientes.
“Esto es un atropello, exigimos a la gobernadora de Lara, Carmen
Meléndez, responsable de la salud en Lara que se aboque a la solución del problema. Asimismo que cese la persecución y la cacería de brujas. Gobernadora no tenemos miedo, aquí estamos para defender nuestros derechos.
Asimismo, Déborath Velásquez de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla,) y miembro de la Coalición Intersectorial de Trabajadores del estado Lara (Citel), manifestó que el gobierno quiere callar las voces de los trabajadores, que no permanecen indiferentes al ver que se desploman los centros de salud y de educación.
“Los trabajadores son satanizados y no nos van a silenciar, Citel cierra filas en la defensa del reclamo justo”, dijo.
Criticó que mientras las autoridades no dan respuestas a las demandas se pierden vidas. Sin salud y educación el país no avanza hacia el progreso, añadió.
La denuncia será elevada ante la Inspectoría del Trabajo, Defensoría del Pueblo y Organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, advirtió.
Notificación tarda 19 días
Esther García, enfermera agraviada, manifestó que pese a que aun cuando el memorando enviado desde Caracas, llegó al hospital el 1 de julio no fue sino hasta el 19 de julio cuando las autoridades del centro le notificaron las medida. Son 19 días laborados por lo cual no recibe pago, fustigó.
Explica que para su argumento apelan el artículo 86 del Estatuto de la Función Pública, que establece como causal de despido tres faltas injustificadas durante un período de 30 días.
Eso no ocurrió, -asegura García- al tiempo explica que por acuerdo internos en la institución, el sobre tiempo no lo cancelan económicamente sino con tiempo. Es decir, que ella tenía guardias acumuladas y por tanto le correspondía el tiempo libre.
Sin embargo, el Departamento de Enfermería obvió lo anterior y así lo proceso el departamento de Recursos Humanos.
Al parecer, la retaliación es selectiva, pues en las protestas de junio del año pasado participó personal de todos los departamentos. No obstante, solo aplican medidas contra las 12 enfermeras, manifestó.