La Fiscalía General de Venezuela solicitó el arresto de ocho jefes y oficiales de un cuerpo de élite de la policía nacional y una exfiscal por su presunta relación con el asesinato de un periodista y del hijo del dueño de un medio comunitario en una supuesta ejecución.
Las nueve personas serán procesadas por su supuesta vinculación con los asesinatos del comunicador Andrés Eloy Zacarías y Víctor Torres, hijo del dueño de la televisora prooficialista La Guacamaya TV que ocurrieron el 21 de agosto en la localidad occidental de Cabimas, estado Zulia, anunció el martes el fiscal general, Tarek William Saab.
«Quisieron encubrir la ejecución extrajudicial de dos inocentes como si fuese un enfrentamiento armado», dijo Saab en rueda de prensa.
Entre los procesados están el supervisor jefe adjunto de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el estado occidental del Zulia, Freddy Deroy Ramírez; el comisionado agregado, Deivid Guerrero Moreno; los oficiales jefes José Salas y Néstor Olano; los oficiales José Moreno y José Contreras, y los oficiales agregados Nerio Alvarez y Andrés Díaz.
Deroy Ramírez y Guerrero Moreno fueron imputados como cómplices por los delitos de homicidio y asociación por “avalar las actuaciones delictivas de los autores materiales de los hechos”, mientras que los seis funcionarios policiales restantes serán enjuiciados por su responsabilidad en las muertes, dijo Saab.
Asimismo, el Ministerio Público pidió la detención de la exfiscal, Jackbe de los Ángeles Galbán, por los presuntos delitos de encubrimiento y asociación.
Hasta la fecha han sido arrestados Olano y Contreras quienes fueron imputados por los delitos de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de armas orgánicas y violación de domicilio, entre otros delitos, informó el lunes el Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado.
El fiscal general expresó que Zacarías y Torres podrían haber sido víctimas de «ejecuciones extrajudiciales” al recibir disparos de arma de fuego de rodillas o sentados entre una distancia entre 4 y 6 metros, y denunció que se trató de encubrir el hecho para presentarlo como un enfrentamiento armado con la policía.
Agregó que los funcionarios implicados en el evento regresaron al sitio del suceso y robaron los equipos de la televisora comunitaria, así como otros bienes que habían en la casa.
Génesis Torres, una joven de 18 años que se identificó como hermana menor de Víctor Torres, una de la víctimas, dijo a The Associated Press que la tarde del 21 de agosto varios miembros de las FAES con armas largas entraron por la fuerza a su vivienda en Cabimas “sin mostrar papeles”.
El grupo se llevó detenido a Torres, de 29 años, quien desde junio estaba bajo arresto domiciliario luego de ser apresado en marzo por un caso de drogas, y a Zacarías, un comunicador vinculado con el partido oficialista de 33 años. Los cuerpos de ambos aparecieron luego en la morgue con disparos de arma de fuego.
Las muertes fueron condenadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones humanitarias locales que exigieron al gobierno el esclarecimiento del hecho.
El activista Carlos Correa, director de la organización local Espacio Público -dedicada a la defensa de los comunicadores y la libertad de expresión- indicó que el caso “está muy vinculado al patrón de comportamiento del FAES”.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció en 2019 que el cuerpo de élite, que ha sido calificado como un “grupo de exterminio” o “escuadrón de la muerte”, está acusado de haber participado en varios asesinatos.
Bachelet exigió al gobierno de Nicolás Maduro la disolución de las FAES y la creación un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales, asegurar que sus responsables rindan cuentas y reparar a las víctimas. El pedido no fue atendido por las autoridades, que defendieron las actuaciones del cuerpo especial.