El especialista en finanzas internacionales y en temas petroleros, Leonardo Buniak, explicó que las nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) contra cuatro empresas, una de Chipre y tres de Panamá, por participar en el transporte de petróleo desde Venezuela a Cuba, forman parte de una segunda fase de medidas que incluyen al sector energético.
Explicó que la interpretación que hace la administración Trump es que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro “sigue intentando buscar alternativas de generación de divisas para seguir financiando gasto púbico y lo que denominan una suerte de gestión administrativa asociada a la corrupción”.
Precisó que el impacto de esta nueva decisión introduce a Venezuela en un esquema de autarquía económica, es decir en una economía cerrada. Señaló que “tenemos cerrado por completo el financiamiento internacional, no solo por las sanciones, sino por el riesgo reputacional del país debido a la legitimación de capitales, terrorismo y lavado de dinero”.
Añadió que “esa decisión trae como consecuencia que se estrecha mucho más el flujo de caja de tesorería de Venezuela. Estamos produciendo 712.000 barriles de crudo diarios y no todo los barriles generan caja porque van para consumo interno, préstamos con China y Rusia, convenios con PetroCaribe y Cuba y con empresas mixtas y lo que queda es un porcentaje muy pequeño”.
Advirtió que el país se enfrenta a una “sequía completa de divisas con sus consecuencias, como son el incumplimiento de las obligaciones internacionales y las importaciones”.
Elizabet Dávila