El presidente de la Comisión Promotora de la Corporación Venezolana de la Papa (Corpopapa), Antonio Escalona, aseveró que «la producción de papa de consumo fresco ha tenido una caída sostenida por más de 15 años”.
Detalló que hace seis años contaban con unas 50.000 hectáreas de cultivo y “hoy día no podemos considerar que haya más allá de 8.000 hectáreas, en su mayoría en los pisos térmicos altos de los páramos andinos, aunque también se cultiva para uso industrial en los pisos intermedios de los estados Lara, Carabobo y Miranda».
Acusó que contrabando de papa, proveniente de Colombia, «se ha convertido en un flagelo» para los agricultores venezolanos, lo que genera una competencia desleal en el mercado interno, reseña Hispanopost.
Advirtió que las papas que ingresan de esta manera a Venezuela lo hacen sin ningún control fitosanitario ni aduanal y son «considerablemente más favorecidas en las condiciones y costos de su proceso productivo en su país de origen, por lo que viene inundando nuestros mercados mayoristas».
El contrabando de papas colombianas hacia Venezuela «desploma su precio y encuentran de este lado de la frontera una opción comercial apetecible que vulnera la comercialización y la producción nacional en detrimento de nuestros productores», enfatizó.
El presidente de Corpopapa recordó que Venezuela tiene el potencial para satisfacer el consumo interno, pero «lo importante es que el ejercicio económico que significa esa producción sea viable y convenientemente redituable para el productor primario, evitando también lastrar los costos en la cadena de comercialización que afecte sustancialmente el precio al consumidor final».
Llamado al Ministerio de Agricultura y Tierras
El presidente de Corpopapa, Antonio Escalona hizo un llamado al Ministerio de Agricultura y Tierras para atender las exigencias de los productores criollos y mejorar la productividad nacional.
«Estamos expectantes ante el nombramiento del nuevo ministro de la cartera agrícola, Menry Fernández. Hacemos votos porque en consonancia con los productores organizados se llegue a reorientar la política agrícola para que, de una vez por todas, se impulse el país hacia nuevas referencias de eficiencia y productividad que generen desarrollo y seguridad alimentaria para la nación», apuntó Escalona.
El también presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de Los Andes (Unagandes) indicó que en Venezuela se debe establecer un modelo productivo que «garantice el provecho y beneficio sostenido» para el productor primario.
«Sugerimos una revisión profundamente técnica y jurídica de la Ley de Semillas y la Ley de Tierras, que contribuya al desarrollo económico integral en armonía con el ambiente y la naturaleza», expuso.
Otra de las solicitudes es que se reactive el programa gubernamental de semilleristas, así como sus centros de producción para papa.
«El remanente de este extraordinario proyecto, sumado a los esfuerzos de algunos gremios y productores independientes, sólo llega a satisfacer 2% de la demanda nacional de semilla de papa de consumo fresco, por lo que se debe repotenciar e incentivar toda actividad concerniente a la producción masiva de semillas de alta calidad genética y ponerlo en manos y al servicio de los productores», planteó Escalona.
Asimismo, exigió que se le dé «prioridad absoluta» a la comercialización de la producción de papa nacional, «penalizando suficientemente el ingreso no autorizado de la producción foránea» que llega a Venezuela, producto del contrabando fronterizo.
Para Escalona, también es «suma importancia» que ejecute un refrescamiento genético de las variedades comerciales de papas que se cultivan en el país, con el propósito de obtener un mayor rendimiento, resistencia a la plaga y enfermedades, así como un mejor manejo poscosecha, lo que «abarataría significativamente los costos de producción, elevando los índices de rentabilidad a nivel de productor».
Impulsar el financiamiento y reducir carga tributaria
Mencionó que la falta de financiamiento en Venezuela continúa siendo uno de los grandes problemas para los agricultores. En el caso de la papa, insistió en que «es imperante la conformación entre la banca oficial y la comercia de un plan de financiamiento suficiente y oportuno que respalde con una sólida y robusta cartera agrícola para la inversión productiva».
A su criterio, Venezuela también tiene una necesidad sanitaria para el «estricto control» de la comercialización y uso de productos agrotóxicos que estén suficientemente certificados y reconocidos.
Dentro de las solicitudes de Corpopapa, se plantea la exoneración fiscal de la actividad productiva primaria, así como los aranceles blandos y preferenciales en la adquisición de insumos, materiales, maquinaria y equipos.
De concretarse esta exoneración o reducción en la carga tributaria para los productores de papas, «directamente desde los mercados internacionales se verá reflejado en la reducción del precio del producto a puerta de finca», agregó.
«El seguro agrícola se constituye en un importante respaldo en gran parte de las garantías financieras bancarias y autogestoras, por lo que es necesario la implementación y consideración de normas y cláusulas propicias a los fines agrícolas nacionales y en el diseño de pólizas que puedan amparar al productor ante eventualidades y catastrofes», prosiguió Escalona.
Manifestó que todas estas solicitudes «son algunos aspectos de una política pública que marcarían un punto de partida hacia una nueva era de productividad y desarrollo en el campo venezolano. Lo tenemos todo, que no falten las voluntades para hacerlo posible».
La escasez de combustible también se suma a los reclamos de los agricultores venezolanos, la cual afecta la distribución y comercialización de la papa en el país.
Escalona enfatizó que esto «interfiere seriamente con el desarrollo de la actividad productiva». Además, «tenemos más de un 90 % de nuestro parque de maquinarias y equipos desactualizado tecnológicamente y un 75 % en precario nivel de funcionamiento y operatividad».
AC