La Justicia de Uruguay ha imputado a siete individuos, incluyendo a una funcionaria del Ministerio de Defensa, tras el desmantelamiento de una red de explotación que afectaba a 28 ciudadanos venezolanos en el departamento de Artigas, al norte del país.
Según informes locales, la organización reclutaba a través de WhatsApp a ciudadanos ofreciéndoles trabajo en canteras, donde eran sometidos a jornadas laborales excesivas y vivían en condiciones precarias en el lugar de trabajo.
A pesar de las promesas de altos salarios, las víctimas recibían apenas 150 dólares mensuales y se les confiscaban sus documentos de viaje.
La fiscal Sabrina Massafierro logró que los imputados, incluyendo a una psicóloga venezolana, fueran puestos bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 120 días, además de otras restricciones como la prohibición de salir del país y de comunicarse con las víctimas.
El ministro de Defensa uruguayo, Javier García, aclaró que la funcionaria involucrada no ocupaba un cargo de confianza en el ministerio, sino que era una empleada de carrera con más de 30 años de antigüedad, desempeñando el cargo de jefa interina de sección notarial.
Estas acciones de la justicia uruguaya reflejan un firme compromiso en la lucha contra la explotación y trata de personas, así como en la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos venezolanos afectados por estas redes criminales.
Se espera que estas imputaciones y medidas cautelares contribuyan a la prevención y erradicación de este tipo de delitos, así como a la protección de las víctimas involucradas en estas situaciones de explotación.