Para el cardenal Angelo Becciu, quien en algún momento llegó a ser el número dos de la Secretaría de Estado del Vaticano entre los años 2011 y 2018, el fiscal de la Santa Sede, Alessandro Diddi, pidió este miércoles 26 de julio la pena de siete años y tres meses de prisión.
Ello ha tenido lugar en la audiencia de esta misma fecha, en el juicio en el que se le acusa de graves violaciones financieras que dañaron los recursos del Vaticano.
Para Becciu y los otros nueve imputados – funcionarios vaticanos, financieros e intermediarios – en este juicio sobre las irregularidades en la gestión de los fondos del Vaticano, que comenzó hace dos años, Diddi pidió un total de 73 años y un mes de reclusión, más penas de inhabilitación y multas.
Ahora el proceso, en el que por primera vez un cardenal se sienta en el banquillo de los acusados, será suspendido por las vacaciones de verano y la sentencia no llegará antes de finales de año.
La tesis de la acusación presentada por el «promotor» (el fiscal de justicia vaticano) es que la Secretaría de Estado, en el momento en que Becciu era sustituto de Asuntos Generales, es decir, el hombre clave de la burocracia vaticana, invirtió una cuantiosa suma en una operación altamente especulativa para la compra de un edificio en Londres y que creó un gran agujero de entre 139 y los 189 millones de euros en las arcas vaticanas.
Los otros
Los otros imputados están acusados diversos cargos: peculado, estafa agravada, extorsión y blanqueo de capitales.
Además, durante el proceso, surgieron otros delitos financieros cometidos presuntamente por Becciu, como las donaciones de 125.000 euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación, vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, que en ese momento presidía uno de sus hermanos.
Así como el pago de 575.000 euros a Cecilia Marogna , una mujer a quien se contrató por presentarse como experta en asuntos diplomáticos y servicios secretos, y que supuestamente ayudó a la Santa Sede a liberar a la monja colombiana secuestrada en Malí.
Durante el proceso, Becciu, a quien el Papa retiró sus beneficios cardenalicios, negó todas las acusaciones, y su defensa afirmó que tanto Francisco como el secretario de Estado del Vaticano estaban al tanto de las diversas inversiones y transacciones financieras, y las aprobaron, incluido el pago de 15 millones de euros a un corredor financiero con sede en Londres, acusado de extorsionar al Vaticano.
Fuente: El Nacional