Nicaragua está a la expectativa del inicio de un nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición que genera esperanza entre quienes creen que ayudará a resolver la crisis que estalló en abril y el recelo de los que temen que las pláticas den «oxígeno” al presidente Daniel Ortega para quedarse en el poder hasta 2021.
La reunión a comenzado después de las A sólo horas del comienzo formal de las conversaciones el miércoles, en las 2:00 PM y fotografías suministradas a la prensa por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) revelaron que están presentes seis delegados del gobierno y seis de la oposición, con la mediación del cardenal católico Leopoldo Brenes.
Se llevan a cabo en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), situado 15 kilómetros al sur de Managua, una escuela que capacita a jóvenes centroamericanos para el mundo de los negocios y que tras las protestas de 2018 sirvió de refugio para los líderes estudiantiles perseguidos por la policía.
Ortega, un ex guerrillero de 73 años, anunció el jueves el inicio de una “negociación para consolidar la paz” y aunque no identificó a sus interlocutores, la opositora Alianza Cívica presentó minutos después en un comunicado a su equipo negociador formado por seis empresarios, dos estudiantes, dos catedráticos, un político y una abogada feminista.
El anuncio generó una ola de críticas en las filas opositoras. Por un lado, porque no se incluyó a ningún representante del movimiento campesino, aunque sus dirigentes están presos o en el exilio y tres de sus líderes fueron condenados a penas de entre 159 y 216 años de cárcel el 16 de febrero, el mismo día en que Ortega prometió volver al diálogo. Por otro lado, algunos exigían mayor presencia de universitarios y mujeres ya que solo se designó a dos, la abogada y una estudiante, y ambas son suplentes.
Los tres condenados son líderes del llamado movimiento campesino anti-canal que desde 2013 se opuso con protestas y manifestaciones a la construcción de un canal interoceánico que Ortega otorgó en concesión a un empresario chino, proyecto que nunca arrancó. Tras el estallido de las protestas estudiantiles en abril los tres y otros campesinos organizaron retenes en las carreteras del interior del país en apoyo a las manifestaciones cívicas contra el gobierno.
La coalición opositora, fundada a raíz del primer diálogo, anunció sus exigencias: la liberación de los presos políticos (unos 770, según sus cifras), irrestricta libertad de prensa y movilización, una reforma electoral y el adelanto de las elecciones de 2021 y un plan de justicia transicional para las víctimas de la represión estatal, que suman unos 325 muertos y más de 2.000 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Managua reconoce 198 fallecidos, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan la cifra a 545.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, uno de los colectivos sociales más respetados dentro y fuera de Nicaragua, sintetizó la mezcla de sensaciones que produce el nuevo ciclo de diálogos.
“Hay que darle una oportunidad al diálogo, pero tenemos nuestras reservas”, dijo a The Associated Press Vilma Núñez, su presidenta. “Pienso que la Alianza se apresuró aceptando una negociación y eso generó suspicacias”.
La abogada, quien fue presidenta del Poder Judicial durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), no cree que Ortega tenga buena voluntad y teme que buscará a toda costa utilizar la negociación para ganar tiempo y “perpetuarse en el poder”.
De hecho, Ortega parece haber puesto sus reglas también sobre la mediación ya que, a diferencia del primer diálogo, los obispos católicos sólo serán tres y tendrán calidad de testigos. Tampoco estará entre ellos monseñor Silvio Báez, el obispo más crítico en la Conferencia Episcopal, quien recientemente viajó a España.
“Jamás voy a creer que Daniel Ortega actúa de buena fe”, afirmó Núñez quien, además, lamentó que la liberación de los detenidos en las protestas de 2018 se haya incluido como punto de negociación. “Las libertades públicas y los derechos humanos son innegociables, el gobierno debe respetarlos porque son principios establecidos en la constitución”, subrayó.
Los disturbios en Nicaragua comenzaron el 18 de abril con protestas contra una reforma a la seguridad social que habría reducido las prestaciones y aumentado los impuestos a los trabajadores y empleadores. El conflicto político se multiplicó en alcance y creció tras la violenta represión por parte de las autoridades.
El gobierno acusa a los opositores de haber promovido un “fallido golpe de Estado” para derrocar a Ortega, que gobernó Nicaragua de 1985 a 1990 y retornó al poder en 2007, tras lo cual se reeligió en dos ocasiones -en 2011 y 2016-, en comicios que la oposición calificó de “fraudulentos”.