En los últimos años, en el estado Lara, las extorsiones se han convertido en una amenaza, debido a su alto crecimiento, aunque de manera silenciosa. No hay estadísticas, registros, tampoco denuncias por parte de las víctimas, así lo señaló el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
El Informe Anual de la organización indica que: “en el año 2022 se pudo observar un incremento generalizado de las actividades de extorsión sobre aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares u otras monedas extranjeras”.
La amenaza es el principal recurso de los delincuentes para persuadir a sus víctimas a la hora de llevar a cabo una extorsión.
Según el OVV, hay funcionarios policiales y de la administración de justicia de la entidad, que también son partícipes de este delito, intimidando con posibles “sanciones” o “multas” ante cualquier irregularidad para obligarlos a la entrega de dinero o bienes. Funciona también como mecanismo para completar o “agilizar” determinados tramites.
Guanare registró extorsiones
También en la capital de Portuguesa, Guanare, se conoció que en noviembre y diciembre de 2022, ocurrieron varias extorsiones. Las víctimas temen denunciar en las instancias de justicia, y eso lo saben los extorsionadores, de manera que se crea un círculo vicioso que nadie se atreve a enfrentar, señaló la ONG.
Entre los casos se destaca algunos laboratorios clínicos en ambas entidades que fueron allanados sin una orden judicial por supuestos funcionarios que portaban pasamontañas, amenazando a los propietarios con sanciones por manejo inapropiado de desechos biológicos, lo que acarrearía el cierre de locales y multas. Se les obligó a pagar dólares en efectivo para que pudieran funcionar, indicó la organización.
Brigadas de seguridad en el campo
Otro tipo de extorsión es la que se practica en contra de productores rurales y transportistas de alimentos. El último Informe de Violencia del OVV indica que en Venezuela “los productores viven entre dos amenazas continuas, por un lado, la de las distintas formas de crimen organizado -bandas o guerrillas- que pueden actuar en esa zona; y por el otro, la de los propios funcionarios policiales o militares locales, quienes unas veces los protegen y otras los extorsionan”.
El OVV señala que en el país hay una crisis institucional provocada por la ruptura del Estado de derecho, lo cual genera una distorsión sobre el cumplimiento de deberes y las garantías para los ciudadanos. Ante esta realidad, algunas comunidades de agricultores de los municipios Andrés Eloy Blanco, Jiménez, Iribarren y Morán del estado Lara han creado “brigadas de seguridad integral” para hacer frente a las extorsiones de funcionarios y a los delincuentes comunes.
El OVV Lara pudo conocer que las “brigadas” surgieron con el propósito de afrontar la ruralización de la violencia y como una forma de “autoprotección”. “Es un grupo armado que tomó la justicia por su propia mano. Ellos tienen más de 2 mil armas en su poder. Los cuerpos de seguridad no tienen control sobre ellos, eso es un riesgo”, dijo un comerciante residente de uno de estos municipios que pidió mantener su nombre en reserva.
El OVV Lara exhorta a las autoridades a garantizar la protección de las personas que se atrevan a denunciar allanamientos arbitrarios, privativa ilegitima de libertad, retención de documentos, solicitud de dinero u otras amenazas. El Estado tiene una responsabilidad de primer orden en tal sentido, porque los ciudadanos son el sector más vulnerable en el contexto de la violencia en sus diversas modalidades.
Fuente: OVV