A solicitud del presidente, Nayib Bukele, el Congreso salvadoreño decretó este domingo el estado de excepción para combatir una ola de asesinatos relacionados con las pandillas registrada el fin de semana.
El viernes se registraron 14 homicidios, según cifras oficiales, mientras que el sábado se convirtió en el día más violento en lo que va del año con 62 homicidios en 12 de los catorce departamentos del país, un nivel de violencia que no se había visto en varios años.
En todo el mes de febrero de 2022, se registraron 79 homicidios, según cifras oficiales.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de al menos cinco cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quienes señala como los responsables de ordenar el incremento de homicidios que desde el viernes inquietan a El Salvador.
Según la Constitución, el estado de excepción se establece en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público.
Con el estado de excepción se suspenden las garantías constitucionales de la libertad de asociación, derecho de defensa, al plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
La suspensión de garantías constitucionales no afecta a la libertad de expresión o libre circulación.
La medida durará 30 días, aunque «si continúan las circunstancias que la motivaron», se podrá extender en otros 30 días.
Bukele anunció la petición en sus cuentas de medios sociales y retó a los que se oponían a la medida. «¿Ya salió la oposición a defender a los pandilleros?«, preguntó.
El grupo parlamentario de la formación derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), arremetió contra el gobierno de Bukele por solicitar el régimen de excepción y le acusó de proteger a los cabecillas de las pandillas de una extradición solicitada por Estados Unidos. «Es necesario recordarle al pueblo salvadoreño que lo que vivimos ahora es la negligencia del que protegió criminales«.
La decisión sobre las extradiciones de criminales solicitadas por otros países le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
Aunque Bukele ha intentado dar una imagen de mano dura contra el crimen, las poderosas pandillas del país han resultado ser una espada de doble filo para él.
El Tesoro de Estados Unidos dijo en diciembre que el gobierno de Bukele había negociado en secreto una tregua con líderes de pandillas. Eso contradecía las afirmaciones de Bukele y aumentó la tensión entre los dos países.
El gobierno de Estados Unidos alega que el gobierno de Bukele compró el apoyo de las pandillas con beneficios financieros y privilegios para sus líderes en prisión, como acceso a prostitutas y celulares.
Las controvertidas acusaciones golpean uno de los éxitos que más proclama Bukele de su mandato, el descenso en la tasa de homicidios del país.