Aura Rosa Castillo.- El presidente del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social, Alberto Domínguez, denuncia discriminación y amedrentamiento en el Hospital Pastor Oropeza del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Barquisimeto al exponer el caso de una enfermera a quien además de negársele medicamentos tanto a ella como a su hijo, fue denunciada ante el CICPC.
Un grupo de camareras y enfermeras manifestaron su solidaridad con Emma Camacaro, quien fue citada ante el referido organismo de seguridad acusada de maltratar a otra empleada, que aseguran es un montaje. Asimismo, los colegios de médicos y de abogados del estado Lara manifestaron su apoyo a la licenciada en enfermería.
Expresó –además– Domínguez que las enfermeras, y el personal en general, laboran como un voluntariado, porque los sueldos son tan pírricos que no les alcanzan ni para pagar el pasaje –dijo– al tiempo que acusa al director encargado del Hospital Pastor Oropeza, el farmacéutico Héctor Zolórzano, de utilizar sus vínculos con el CICPC para intimidar al personal. Nos solidarizamos con el personal, enfatiza.
A Camacaro se le viola un derecho contractual como es el beneficio de la caja CLAP y de zapatos, que también pretenden conculcar.
Enma Coronel narró que el miércoles pasado acudió, como paciente, al Hospital Pastor Oropeza, porque se sentía malestar general. De igual manera su niño presentaba vómito, diarrea, fiebre y malestar general.
Posterior al chequeo médico, con récipe en mano se fue a la farmacia. Sin embargo, la joven que atendía, hija de una doctora, que es jefa, por cualquier argumento la devolvió cuatro veces. En la última –admite que hubo una discusión, simplemente, “en ningún momento la toqué” como argumenta.
Al día siguiente, es decir el jueves, cuando vuelve al hospital se encuentra con que tiene una cita para este viernes en el CICPC y que la “supuesta agredida” con un collarín y cabestrillo por una agresión de mi parte”. Eso no es verdad, insiste.
Manifiesta Camacaro que además de interponerse una denuncia en su contra ante un organismo de seguridad, el director de Recurso Humanos, Eulises Rojas, le niega el derecho a los zapatos, del uniforme que contractualmente le corresponde, pero además le dijo que tampoco le entregaría la caja Clap.
Admite que «apoyó la revolución, pero cambio de opinión».
Proceso irregular
Al respecto, el secretario del Colegio de Abogado del estado Lara, Jacobo Mármol, fustiga la irregularidad en el proceso que en primer lugar es competencia de la fiscalía, quien debe remitirlo al Ministerio Público. Esto es una clara criminalización del derecho al reclamo. Además, se viola el derecho a la salud tanto de ella como de su hijo al negárseles el medicamento.