El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo este 27-S que considera necesaria la reestructuración de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de otros cuerpos policiales del país.
En entrevista con el periodista y ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, reconoció que «es el momento», en tanto «es importante para la salud pública que, cíclicamente, se haga una reestructuración, no porque haya una coyuntura, sino para mejorar”.
No obstante, defendió que su despacho ha acusado a unos 1.000 agentes policiales acusados de violar los derechos humanos, citando como ejemplo los casos de Guacamaya TV, en Cabimas, y la prisión de Portuguesa.
«Nosotros, en más de tres años, un tiempo muy corto (…), hemos logrado por impulso del Ministerio Público la condena de 140 agentes del Estado violadores de derechos humanos (…), pero si me preguntas de imputados, en proceso de ser finalmente condenados, 1.000. Dime tú ¿Cuándo se había visto esto?».
Explicó que las leyes de seguridad actuales son modernas, con base en la propia Constitución, que ampara incluso este proceso de mantener a los cuerpos de seguridad operando en el mejor nivel y efectividad ética.
Informe de la Comisión de Determinación de los Hechos
William Saab rechazó el informe que señaló al Gobierno venezolano de cometer crímenes de lesa humanidad. “Cuando se dice que el Estado comete crímenes de lesa humanidad, ignoran el concepto (…) Para que haya crimen de lesa humanidad, como en Colombia por ejemplo, tiene que haber una política de exterminio”, afirmó, sumando los casos de Hitler en Alemania contra los judíos, o de Israel contra los palestinos.
Además de los argumentos que ya han venido esgrimiendo para rebatirlo, comentó que «da la casualidad» que «casi todos los casos» que se reportan en el informe «tienen presos».
«Ya hay personas presas, están imputadas y acusadas por la gestión nuestra».
Con tal afirmación, Saab reconoce entonces que en Venezuela sí se han cometido violaciones a los derechos humanos, pero indicó que los responsables se han imputado y condenado como corresponde. “Agentes de seguridad del Estado, militares, funcionarios policiales, eso lo ha hecho el Ministerio Público, porque es prioridad del Estado”.
Por ello subrayó que en el país no hay impunidad, ni el Estado está en deuda porque se están atendiendo los casos mencionados en el informe de la ONU.
«Personas que maltratan a animales tienen un antecedente de maltratar a menores de edad o haber cometido intento de femicidio».
Bachelet
Ratificó que la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en el país trabaja de manera directa con los órganos de justicia del Estado venezolano.
«Solicitan informes y se le entregan y en los últimos tres informes ella (Bachelet) reconoce la labor del Ministerio Público en la imputación y judicialización de casos de violaciones de derechos humanos».
Afirmó que Bachelet ha estado atenta al tema de que las medidas coercitivas y unilaterales son violatorias a los derechos humanos, expresadas estas en sanciones a funcionarios e instituciones.
Sobre el caso de los exgerentes de Pdvsa, los larenses Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, acusados por el Gobierno de espionaje, el Fiscal expresó que «no polemiza con el enemigo cruel que está al frente, porque es lo que busca: provocarte y llevarte a un terreno».
FOTO: Cortesía
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