El Gobierno Nacional no renovó algunos de los decretos anunciados durante el inicio de la pandemia de la Covid-19, dentro de la que se menciona la prohibición del desalojo a la propiedad privada.
El decreto 4.577 con fecha del 7 de abril de 2021, contemplaba la prohibición por seis meses del pago de arrendamiento de viviendas y de inmuebles de uso comercial, debido a los efectos económicos generados por la pandemia de la Covid-19, pero fue ejecutada en marzo del 2021.
No obstante, en el pasado mes de octubre, cuando se debía renovar el decreto, el gobierno decidió no extender su plazo.
También quedó sin efecto la prohibición de desalojo, aprobada tras la suspensión de la aplicación causal del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, en la que permiten la desocupación de viviendas por incumplimiento de hasta cuatro meses de alquiler, así lo reseñó el diario Tal Cual.
Según el abogado, Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, la administración de Maduro busca aplicar «políticas de normalización» y eliminación de medidas que se tomaron en razón de la Covid-19.
“Se está reconociendo que existe la necesidad de volver a lo que nosotros consideramos que es normal, que por supuesto no lo es, en la medida en que no hay un respeto a la normalidad dentro del derecho de propiedad. (…) Esta resolución se enmarca dentro de estas políticas generales de no mantener más restricciones de las que ya existen bajo la necesidad del covid, visto que ahora la actividad económica se ha restablecido, aunque sea de una manera parcial, obviamente eso va a exigir que se vuelva a las reglas del juego que existían previa a la pandemia”, explicó el abogado.
Fuente: Punto de Corte