El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) presentó su estudio sobre las libertades de prensa e información en 2019, titulado, “Voces en el paredón”, donde Lara ocupó el tercer puesto de los estados más vulnerados por las acciones restrictivas contra la prensa, con un total de 33 alertas, luego de Caracas (118) y Táchira (48).
Según las cifras de la ONG, en 2019 hubo “534 casos que acumularon 1.032 violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública de los periodistas y ciudadanos”.
Las cifras son superiores a los 518 casos de 2017, uno de los años de conflictividad política por las protestas ciudadanas en contra de la gestión de Nicolás Maduro.
En esos 12 meses ocurrieron “512 violaciones por uso abusivo del poder estatal, 326 por agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación social”, informa el portal de la ONG.
Los casos se completan con 81 limitaciones de acceso a la información pública, 70 registros de censura previa, 21 acciones legales administrativas, 15 casos de censura interna, cuatro casos de impunidad y tres de censura indirecta.
De este número de violaciones, 61 % de ellas se presentaron en los seis primeros meses de 2019, especialmente después de la juramentación de Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, el intento de ingreso de ayuda humanitaria que dirigió en febrero y tras los megaapagones ocurridos entre los meses de marzo y abril.
Entre enero y mayo Ipys documentó, con su equipo de la red nacional de corresponsales y la coordinación de Libertades Informativas y Derechos Digitales, 330 casos y 204 incidentes entre julio y diciembre.
“Las 1.032 violaciones ocurridas demuestran que el Estado venezolano insiste en ignorar las recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) desde 2016, en las que advierte la necesidad de tomar medidas urgentes para salvaguardar la libre información y expresión de la sociedad venezolana”, indicó Ipys.