En un reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se conoció que desde el año 2017 hasta 2022 han fallecido 1.032 personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado venezolano, solo el 44.86% de ellos por condiciones de salud.
Esta tendencia continuó en 2022, cuando se registraron 76 fallecimientos en las cárceles, 55 de ellos por condiciones de salud, y 17 heridos en diversos hechos.
Según la ONG, solo en los calabozos se reportaron 53 fallecidos, 27 de ellos por condiciones de salud, y 30 heridos en diversos hechos.
Humberto Prado, director del OVP añadió que, lejos de buscar soluciones enfocadas al cumplimiento de los derechos humano, la crisis penitenciaria se ha agudizado en los últimos años como consecuencia de la corrupción en el Ministerio de Servicios Penitenciarios y la falta de políticas efectivas para la reinserción social de los presos.
En el boletín emitido por la ONG, detallan que el abandono del sistema penitenciario no solo ha imposibilitado el fin último de la pena, que es la reinserción social, sino que, además, ha sido el desencadenante de situaciones atroces en las cárceles del país.
De acuerdo a cifras del OVP, en el año 2022 se registraron 33.558 personas privadas de libertad, de las cuales 30.998 son hombres y 2.560 son mujeres, quienes sobreviven en 45 centros carcelarios con un hacinamiento crítico del 164.19%.
Cabe destacar que desde el año 1997 hasta la presentación de este informe, el Estado venezolano ha cerrado al menos 11 centros carcelarios , lo cual equivale al desalojo de 5.800 plazas, contando entonces con una capacidad real instalada de 20.438 plazas.
Asimismo, en 2022 se registraron 15.733 personas privadas de libertad condenadas y 17.825 procesados. En Venezuela, por sexto año consecutivo, la cantidad de procesados sobrepasó la de penados, lo que se traduce preocupantemente en una constante inversión de la pirámide judicial.
También se ha mantenido como un patrón la vulneración a la presunción de inocencia, irrespeto a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, señaló el OVP.
Tal como se refleja en el informe, las altas cifras de personas privadas de libertad, la falta de políticas públicas orientadas en los derechos humanos, la falta de acceso a los servicios fundamentales, las desatenciones a la salud, la escasez de alimentos, la violencia intra-carcelaria y los problemas de corrupción, no solo a nivel interno sino institucional, son solo algunos de los principales padecimientos de los cuales son víctimas las personas privadas de libertad en Venezuela.
Fuente: OVP