La Comisión Electoral de Gran Bretaña, que regula las finanzas políticas en el país, inició una investigación formal sobre la remodelación del departamento del primer ministro, Boris Johnson.
Señalaron que hay “motivos razonables” para sospechar que se ha cometido un delito.
La agencia está “ahora satisfecha de que existan motivos razonables para sospechar que puede haberse cometido un delito o delitos”, explicó un vocero de la entidad añadiendo que se realizará una pesquisa formal.
La Comisión ha estado revisando si los fondos que se emplearon para las obras deberían haber sido declarados bajo la ley de donaciones políticas.
El vocero señaló que la comisión ha estado en contacto con el Partido Conservador de Johnson en el último mes.
Las dudas en torno a la reforma se intensificaron la semana pasada cuando el exasesor principal del mandatario, Dominic Cummings, afirmó que éste tenía previsto conseguir que fuesen los donantes de la formación quienes pagasen la reforma.
Cummings, que abandonó su cargo a finales del año pasado, contó que le dijo a Johnson que el plan era “poco ético, estúpido y posiblemente ilegal».
Johnson vive en el apartamento con su prometida, Carrie Symonds, y con el hijo de ambos, Wilfred.
Según su oficina, Johnson pagó la renovación con su propio dinero, aunque no señaló si lo había tomado prestado. Se cree que el costo de la obra ronda las 60.000 libras (83.000 dólares).
“La investigación determinará si alguna de las transacciones relacionadas con las obras en el número 11 de Downing Street está dentro del régimen regulado por la Comisión y si esta financiación se reportó como es debido», añadió el vocero de la Comisión Electoral.
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