Un total de 125 días presos en sus respectivas casas de habitación llevan ya ocho caficultores del Municipio “Andrés Eloy Blanco”, a quienes se les sigue juicio por los presuntos delitos de asociación para delinquir y cierre de vía pública, “cuando resulta que ellos lo que estaban haciendo era reclamar precios justos para sus cosechas, y ése ha sido hasta ahora su único delito”.
La anterior manifestación provino de Henry Pérez, también labriego cafetalero del citado municipio, quien, en este mismo miércoles 28 de junio, acudió a la sede de la Defensoría del Pueblo del Estado Lara, en Barquisimeto, en compañía de familiares de los ocho enjuiciados.
Abundando en detalles, Pérez señaló que, “hasta este momento, han sido infructuosas todas las gestiones que henos hecho para lograr la libertad plena de nuestros hermanos agricultores judicializados, por el único delito de ejercer un derecho establecido en la propia Constitución Nacional, como lo es el de la libre manifestación pacífica”.
Ante una pregunta, dijo que “hemos venido hasta la Defensoría del Pueblo del Estado Lara, en donde nos ha atendidos personalmente la titular de ese despacho, doctora Arelys Rodríguez, a la que le hemos planteado la necesidad de que se produzca un conversatorio entre nosotros, los productores agrícolas de la zona, y las autoridades competentes en la materia, es decir, en el ámbito judicial”.
–Aspiramos es que ese conversatorio conduzca a un camino que permita la libertad de nuestros hermanos enjuiciados, porque, repito, estos ocho agricultores, productores de café, simplemente ejercieron un derecho que está plasmado en la Constitución de la república.
Lo más triste
–Pero lo más triste de este caso –afirmó el dirigente— es que quienes roban en este país, quienes matan y asaltan, están libres, mientras que estos trabajadores están presos en sus propias casas, sin poder desarrollar ninguna actividad, con el consabido daño moral y material que ello acarrea.
Y aclaró Pérez con mucho énfasis que “aquí no hay nada político, porque yo estoy es simplemente gestionando la manera en que ellos que ellos puedan quedar en libertad, y que no se sigan cometiendo arbitrariedades contra ellos, algo que también me puede pasar a mí”.
Recordó luego que el caso se originó el pasado mes de noviembre, cuando un grupo de caficultores del antes citado municipio manifestó públicamente en la entrada a Sanare, para reclamar, como antes se indicó, un “precio justo” para sus cosechas.
Ante una pregunta, dijo que, “hasta donde yo sé, les están endilgando los delitos de asociación para delinquir y cierre de vías, y creo que a tres de ellos les están acusando hasta de cometer actos terroristas, o de terrorismo”
Gráficas: Julio Colmenárez