BUENOS AIRES (AP) — Luego de seis meses de múltiples trabas y arduas negociaciones, el presidente argentino Javier Milei se apuntó un triunfo político al lograr el viernes la aprobación en la Cámara de Diputados de dos leyes de reformas económicas, estatales y tributarias con las que busca relanzar su gestión y asegurarse una mayor gobernabilidad.
La cámara baja dio luz verde a la legislación que había sido aprobada el 13 de junio por el Senado sellando así la primera victoria legislativa de Milei desde que asumió el poder en diciembre y luego de resignar algunos puntos de mayor calado durante las negociaciones mantenidas con opositores dialoguistas.
El mandatario, cuyo partido La Libertad Avanza está en minoría en el Congreso, celebró la votación señalando a la prensa que terminó la primera fase de su gobierno y que ahora se avecina otra en la que intentará eliminar otro conjunto de regulaciones que «entorpecen el funcionamiento del sistema económico”.
Milei también posteó en su cuenta de X —antes Twitter— comentarios de sus seguidores apuntando que este es un primer paso para “desterrar un modelo populista e intervencionista” y sustituirlo por uno liberal y capitalista.
El gobierno celebró el resultado de la votación pese al obstruccionismo de los opositores más duros.
“En los próximos días el presidente va a promulgar la ley y van a salir todas las reglamentaciones que hacen falta… Hemos hecho un trabajo de diálogo para llegar a esta conclusión y tener los instrumentos que necesitamos para continuar nuestro gobierno”, resaltó el jefe de gabinete, Guillermo Francos.
Milei, un economista de extrema derecha que se define como un “topo” que quiere destruir el Estado desde adentro, ha enfrentado numerosos obstáculos para conseguir estas primeras leyes en un marco de abierta confrontación con los opositores a los que califica de “ratas” y “máquinas de impedir”. La labor de Francos fue vital para conducir las negociaciones en el Congreso.
Una vez con la normativa en la mano, el Ejecutivo pretende convocar a distintos expresidentes, líderes de los principales partidos políticos y legisladores a firmar un pacto con 10 políticas para refundar el país el día 9 de julio, cuando se conmemora un nuevo aniversario de la independencia argentina.
En las primeras reacciones del mercado, las acciones argentinas en Wall Street operaban en su mayoría en alza al igual que los bonos nominados en dólares.
“Milei obtuvo un producto mínimo viable del Congreso para mostrar al mercado que tiene cierta voluntad y capacidad de compromiso con el establishment político”, dijo Marcelo J. García, Director para las Américas de la consultora de riesgo geopolítico Horizon Engage, con sede en Nueva York.
La llamada Ley Bases, con reformas laborales, habilitación de privatizaciones y ventajas fiscales para las grandes inversiones, y el paquete fiscal, que repone un polémico impuesto al salario de cerca de un millón de trabajadores con el que el gobierno busca engrosar las arcas del Estado, obtuvieron el respaldo de una cómoda mayoría.
Sin embargo, ambos proyectos fueron resistidos por fuerzas izquierdistas y el kirchnerismo, el peronismo de centroizquierda que es la primera fuerza en el Congreso, donde el oficialismo está en clara desventaja numérica.
Militantes opositores se congregaron en las inmediaciones del Congreso durante el largo debate, sin que se produjeran enfrentamientos con la policía como en otras ocasiones.
La Cámara de Diputados, que había aprobado en abril y luego girado al Senado los dos proyectos, debía decidir si aceptaba las modificaciones que realizaron los senadores o insistía con las versiones originales, que contemplaban algunas reformas más profundas.
El proyecto de Ley de Bases resultó el menos complejo a la hora de que el oficialismo sellara un acuerdo con opositores moderados.
La nueva norma contiene unos 230 artículos con modificaciones administrativas, laborales y contractuales, así como la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, lo que otorgará al presidente facultades especiales para, entre otras cosas, reestructurar organismos estatales. Son prácticamente la mitad de artículos de la versión original que defendía el oficialismo.
En materia de reforma laboral, incluye como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos y la eliminación de multas a empleadores por trabajadores no registrados, lo que fue muy cuestionado por el peronismo.
Asimismo, el proyecto incluye beneficios fiscales para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos de distintos sectores por encima de los 200 millones de dólares, otro punto resistido por el peronismo y la izquierda y que, sin embargo, el jefe de gabinete celebró como la forma de garantizar “grandes inversiones que vengan a desarrollar nuestros recursos naturales y las áreas energéticas y de recursos mineros”.
La norma declara además sujetas a privatización a empresas públicas. En este punto, el gobierno aceptó con aliados respetar lo votado por el Senado y mantener fuera de la lista de empresas que pueden pasar a manos privadas a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y la Radio y Televisión Argentina.
En lo referido al paquete fiscal, la reposición del impuesto al salario de cientos de miles de empleados logró el apoyo necesario por la presión que ejercieron los gobernadores de las distintas provincias necesitados de recursos fiscales.
Además fue aprobado el controvertido régimen de Bienes Personales con el propósito de incentivar el blanqueo de capitales, también contenido en el paquete fiscal.