Este miércoles la justicia brasileña ratificó y aumentó a 17 años y un mes de prisión una segunda condena dictada en febrero contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales.
El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región concluyó que quedó comprobado que el dirigente “se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236.000 dólares) que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una casa de campo situada en el estado de Sao Paulo”.
Todo esto a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.
Antes de iniciar sus respectivas consideraciones sobre el mérito de la condena, los tres jueces negaron los pedidos de la defensa de anular la sentencia con base en un reciente fallo de la Suprema Corte.
Según el mismo, en un proceso en que algún imputado coopera con la justicia en contra de otro acusado, este presentará su alegato final por último, lo que no ocurrió durante el juicio de Lula en primera instancia en el llamado “caso de Atibaia”.