Gary Griffith comisionado de la Policía de Trinidad y Tobago, durante un encuentro con Carlos Amador Pérez, embajador de Venezuela en la isla vecina, se dio a conocer que se implementarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los connacionales en ese país caribeño.
Mientras se espera la decisión de las autoridades locales respecto a los 16 niños de esa nacionalidad que esperan asilo tras ser deportados.
El diplomático venezolano identificó áreas de cooperación en relación a la gran cantidad de nacionales de Venezuela que residen en Trinidad y Tobago, con el objetivo de desarrollar un mecanismo más efectivo para la tramitación y resolución de asuntos consulares.
Medios locales informan este sábado 28-N de que Griffith dio esa garantía tras reunirse con Carlos Amador Pérez, embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, quien realizó una visita de cortesía a las oficinas centrales de la Policía en Puerto España.
Pérez mostró además su deseo de una mejor colaboración entre los dos países en iniciativas contra el crimen.
Griffith se comprometió a seguir compartiendo información sobre iniciativas contra el crimen, pero no se dieron detalles de la situación por la que atraviesa el grupo de 16 niños, más algunos adultos que los acompañan, caso sobre el que deben pronunciarse las autoridades del país caribeño. Para avanzar sobre ese asunto, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, anunció que mantendrá una reunión con su homólogo venezolano.
Young confirmó en el Parlamento la reunión a preguntas de la oposición, que sigue a una solicitud que fue recibida en comunicación diplomática por parte de la Embajada de Venezuela.
El funcionario de Trinidad y Tobago matizó que la reunión será virtual, pero no precisó la fecha.
Respecto a la pregunta de la oposición sobre la deportación del grupo de venezolanos, Young dijo que el grupo fue «escoltado» fuera de las fronteras de Trinidad y Tobago.
Medios del país caribeño han subrayado que uno de los obstáculos para resolver este problema reside en que Trinidad y Tobago no disponen como tal de normativa para atender caso de asilo a refugiados.