El Tribunal Supremo de Rusia ordenó el martes el cierre de una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más antiguas y destacadas del país, una decisión que generó mucha indignación en la opinión pública y que constituye el paso más reciente en la represión contra los activistas de los derechos, los medios de comunicación independientes y los partidarios de la oposición, una campaña que lleva ya varios meses.
El mes pasado, la fiscalía general solicitó a la Corte Suprema que revocara el estatus legal de Memorial, un grupo internacional de derechos humanos que saltó a la fama por sus estudios sobre la represión política en la Unión Soviética y que actualmente engloba a más de 50 grupos más pequeños en Rusia y el extranjero.
El tribunal falló el martes a favor de la fiscalía, que durante la audiencia acusó a Memorial de “crear una imagen falsa de la URSS como un estado terrorista, que blanquea y rehabilita a los criminales nazis”.
Un video tuiteado por el medio de comunicación independiente Mediazona mostró a una multitud importante frente al palacio de justicia gritando ”¡Vergüenza!” en respuesta al fallo.
Memorial fue declarado “agente extranjero” en 2016, una etiqueta que implica un escrutinio adicional del gobierno y que tiene fuertes connotaciones peyorativas que pueden desacreditar a la organización designada. En su demanda para cerrarla, los fiscales alegaron que la agrupación violó repetidamente las regulaciones que la obligaban a identificarse como agente extranjero y que trató de ocultar la designación.
Memorial y sus partidarios han sostenido que las imputaciones tienen motivaciones políticas y los líderes de la organización han prometido continuar con su trabajo, incluso si el tribunal lo cierra.
La presión sobre el grupo ha provocado indignación pública y muchas figuras prominentes expresaron su apoyo este mes. Varias personas fueron detenidas el martes por protestar cerca del tribunal.