Aura Rosa Castillo.- La protesta, el reclamo laboral son criminalizados en el país, y el estado Lara no es la excepción. Una muestra es el acoso, persecución y detenciones de médicos, personal de enfermería y trabajadores de salud en general. Las jubilaciones forzosas es una práctica que se ha hecho recurrente.
En tal sentido, la presidenta del Colegio de profesionales de Enfermería en el estado Lara, Elda Jiménez, denuncia que solamente en el Hospital Juan Daza Pereira (Seguro de la 50), adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el año pasado abrieron expedientes administrativos a 12 enfermeras que participaron en los reclamos de calle en demanda de un sueldo digno. Entre ellas se encuentra Yaneth García, quien fue despedida.
Al respecto, la agraviada manifestó que el memorando fue enviado desde Caracas el 1 de julio y esperaron 19 días para ser notificada de la medida por directivos del centro de salud. Por ese lapso laborado no recibió pago.
Argumentan apelan al artículo 86 del Estatuto de la Función Pública, que establece como causal de despido tres faltas injustificadas durante un período de 30 días.
Eso no ocurrió, -explica García- porque existen acuerdos internos en la institución, mediante el cual el sobretiempo no lo cancelan económicamente sino con tiempo. Es decir, yo tenía guardias acumuladas y me correspondía el tiempo libre. Sin embargo, el Departamento de Enfermería obvió dicho acuerdo y así lo proceso el departamento de Recursos Humanos.
La líder del gremio, Elda Jiménez, añadió que en el Hospital Pastor Oropeza, (Seguro Social), también es frecuente el acoso al personal. Cita que, a mediados de junio la enfermera Clara Andueza fue privada de libertad durante un día, tras ser acusada de robarse una jeringa de 20cc, aguja hipodérmica de 23g.
Lo que sucedió en realidad -explica Jiménez- es que Andueza, en cumplimiento con su deber, le facilitó la jeringa a una paciente que le manifestó que había reutilizado la aguja para colocarse el tratamiento endovenoso y corría riesgo de una infección. Aunque la enfermera fue liberada el siguiente día, al no haber pruebas, continúa con régimen de presentación cada 10 días, detalló.
Otro caso, ocurrido en el mismo hospital, de acuerdo con archivo de EL INFORMADOR, que se hizo público en abril pasado cuando la enfermera Emma Camacaro fue denunciada ante el CICPC alegando agresión física contra otra trabajadora, lo cual fue desmentido por un grupo de trabajadores quienes aseguraron que se trató de “un montaje” para incriminarla.
En su momento, el secretario del Colegio de Abogado del estado Lara, Jacobo Mármol, explicó que en primer lugar el caso es competencia de la Fiscalía. “Esto es una clara criminalización del derecho al reclamo”, sentenció.
Elda Jiménez denunció, además, el acoso contra Yenny León, enfermera del ambulatorio Vicente Andrade (Seguro Social) a quien persiguen por ser esposa de un sindicalista, dijo.
En Inspectoría
Igualmente, Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, rechaza el hostigamiento contra los trabajadores y las quejas fueron elevadas ante la Inspectoría del Trabajo y la Defensoría del Pueblo. De igual manera, anunció que enviarán el alerta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Hace una semana sostuvimos una reunión con la Comisión de Encuestas de la OIT por su más reciente visita al país para investigar las violaciones de derechos laborales. Es inaceptable, este gobierno no conforme con violar el contrato colectivo y pagar míseros sueldos arremete contra los trabajadores con la intención de amedrentar y silenciar el reclamo justo.»
Refirió que en el Hospital Daza Pereyra “seis trabajadores tienen los salarios suspendidos y un médico jubilado por anticipado”, advirtió.
También el Hospital Pastor Oropeza a dos médicos les adelantaron la jubilación tras declarar a la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en su visita a Barquisimeto ocurrida entre el 15 y 17 de marzo de este año.
La líder de las enfermeras, Elda Jiménez, añadió que como represalia también tramitaron jubilaciones forzosas a las enfermeras Anaibis Ramos y Aloima Medina.
Añade Jiménez que también en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), se atropella al personal de enfermería y cita el caso de una enfermera quien solicitó la planilla 18-08 (solicitud de evaluación de incapacidad residual). Sin embargo, debido a fallas del sistema falló la comunicación. De eso, ha pasado un año y ahora le piden que renuncie cuando existen otras opciones, Además, el error no lo cometió ella, dijo.
Déficit de personal
La sobrecarga laboral es de vieja data y se ha acentuado, expresó la presidenta del Colegio de Enfermería del estado Lara.
El personal renuncia para irse al exterior o dedicarse a una actividad para hacer frente a la crítica situación económica del país, con una hiperinflación galopante. Muestra de ello, es que el Seguro de la 50 tiene un déficit de 300 profesionales de enfermerías. En la actualidad laboral 250.
Igualmente, una enfermera que trabaja en el Pastor Oropeza, dijo en condición de anonimato, que en este año en ese centro de salud han renunciado unas 300 enfermeras, por lo cual han ingreso otros, pero duran poco. Lo cual aunado a la falta de medicamentos e insumos ha hecho que se reduzca cerca de 50 % la hospitalización de adultos. La pediátrica se mantiene.
Al respecto Jiménez manifestó que se ha reducido las hospitalizaciones, aunque no precisó porcentaje. Inclusive -dijo- en el servicio de Terapia intensiva neonatal a veces amanece sin enfermeras. “Eso es muy grave”.
En los hospitales una enfermera atiende 40 pacientes cuando debería asistir a cuatro y en las áreas críticas debe ser dos por cada enfermo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El déficit del Hcuamp es de 1.200 profesionales, que representa 70 %. Eso afecta severamente al paciente aunado a la falta de medicamentos e insumos. “Se hace de tripas corazones” y muchas veces el familiar no entiende la situación. El personal está sometido a un estrés constante. Ese grave problema, que es inocultable, es lo que ha llevado al personal de salud a levantar su voz, expresa.
Médicos perseguidos
Luzmila Leal, coordinadora de la asociación civil Médicos Unidos Venezuela (MUV) capítulo Lara, expresó que el colapso de los hospitales públicos es muy evidente, como para ocultarlo, el paciente lo padece y los médicos se sienten impotentes al no poder resolver.
Denunciarlo fue “el delito” de Daniel Yépez y su esposa Marianyoly Angulo, también médico, quienes laboran en el Hospital Egidio Montesinos de El Tocuyo, municipio Morán, a ellos los acusaron de robarse enseres por lo cual fueron detenidos, en una primera oportunidad por funcionarios del CICPC. A falta de evidencias fueron dejados en libertad.
Relata que ellos tomaron una camilla del hospital, que estaba desincorporada de los bienes, y al sacarla dejaron constancia en acta, por tanto, la mandaron a reparar y la colocaron en su consultorio popular. Así quedó demostrado.
Sin embargo, el acoso no quedó ahí. Posteriormente fue retenido cuando estaba de guardia. Esta vez, por funcionarios de la Policía regional, quienes lo esposaron delante del personal y de pacientes, quienes salieron en su defensa. Nada pudieron hacer ante el despotismo.
No obstante, horas después quedó libre, aunque la persecución prosiguió, pues la directora del mencionado hospital lo presionó para que renunciara, se le chantajeaba con el concurso de postgrado. Finalmente por su salud decidió retirarse, pero le preocupa su esposa quien continúa prestando servicio en dicho centro de salud. La intolerancia no tiene límites, expresa Leal.
El galeno acompañado de abogados interpuso la denuncia ante la Fiscalía Superior. Asimismo, el caso fue elevado ante el oficial del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carlos de La Torre, enviado por Michelle Bachelet, dijo.
Directivos del Colegio de Médicos del estado Lara se han sumado al rechazo de las acciones en contra el gremio médico y de los trabajadores en general, por denunciar el deplorable estado de las infraestructuras de salud, déficit de personal y falta de medicamentos e insumos.
Los pacientes se mueren de mengua en los hospitales, recalcó el presidente del gremio médico René Rivas.
Al respecto, Deyanira Gentile, también directivo del gremio, señala que en el país se ha criminalizado la protesta.
“Nosotros estamos obligados a denunciar” de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ejercicio de la Medicina. “No hacerlo es hacernos cómplice”.
Hicieron mención al caso de la doctora Mirla Castro, adscrita al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), quien, aseguró Rivas, en tres oportunidades ha sido buscada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en su puesto de labores, sin argumento alguno y sin ofrecer explicaciones claras, denunció Rivas.
A escala nacional
El atropello se extiende a escala nacional. Basta recordar a los 12 médicos y un bioanalista privados de libertad durante el 30 y 1 de mayo por participar en protestas registradas en esos días.
El doctor Rody Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados del Seguro Social, quien también fue “castigado” con una jubilación “expres” por reclamar, refirió que el gobierno nacional pretende callar a todo quien disienta de sus acciones.
Al tiempo, se solidariza con las enfermeras y demás trabajadores de la salud, y está convencido de que aún con el temor a ser detenidos, el reclamo de calle debe continuar más allá de las reivindicaciones labores sino por la libertad y la democracia en el país.
René Rivas, presidente del gremio en Lara, recordó que en las protestas del 30 de abril de este año en el país fueron detenidos arbitrariamente 11 médicos, cinco de ellos en el estado Zulia.
No obstante, Jaime Lorenzo, presidente de la ONG de derechos humanos Médicos Unidos por Venezuela, había denunciado que en febrero de este año fueron apresados cinco galenos en el estado Zulia: los médicos cardiólogos Nelson Reites y César Perozo Wong así como Sheyla Montero y Neiro Ferrer. Todos de la Unidad de Hemodiálisis.
En Carabobo detuvieron a Jean Pierre Lizarraga; ginecobstetra; Gabriel Ramírez, cirujano plástico. En Aragua, a Carmelo Gallardo, hematólogo jefe del servicio del hospital de Maracay y Gabriel Flores. En Caracas fue detenido Jorge Carlos Favrin, traumatólogo y en Falcón a Ismael Rosillo, gineco-obstetra.
Desde el 13 de enero a mayo 2019, la referida ONG registra 45 casos de persecución y amedrentamiento. En esa oportunidad detalló que el registro de persecución y amenazas lo tenían en los estados Táchira, donde cinco médicos fueron víctimas y un estudiante de Medicina detenido y posteriormente expulsado del proceso formativo.
De peor en peor
Al respecto el presidente de la Federación Médica Venezolana, (FMV) Douglas León Natera, en conversación telefónica con EL INFORMADOR, expresó que la situación económica, social y política “va de peor en peor”.
Los principales hospitales del país si a caso cuentan con 5 % o 6 % de los insumos, medicamentos y material médico quirúrgico que son requeridos por los médicos para ejercer la profesión.
Aunado a eso se ha vuelto recurrente la agresión contra estos profesionales que ahora son perseguidos por denunciar las carencias que ponen en riesgo la salud de la población.
En tal sentido, la FMV le recomendó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet cuando vino al país que visitara los principales centros de salud, entre los cuales el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp)de Barquisimeto, lo cual no hizo.
Sin embargo, obtuvo información y en su informe refleja la terrible realidad de la salud en el país. “Esperamos que dicho informe no se quede engavetado, no se enfríe, que se haga el seguimiento respectivo, en aras de que solvente la situación.
Coalición Intersectorial
En el estado Lara, sindicatos, las ONG, y distintos gremios conforman la Coalición Intersectorial de los Trabajadores con el objetivo de unir fuerzas en la lucha y se solidarizan con los trabajadores de la salud que han sido “castigados por el régimen” por expresar su más férrea voluntad en defensa de sus derechos y por la democracia, un estado de derecho que conlleve a la prosperidad del país. “No queremos más muertes que pueden ser evitadas, expresó Déborath Velásquez de Valecillos, en nombre de la referida organización.