Varias organizaciones de derechos humanos de Venezuela exigieron el viernes el sobreseimiento del proceso penal en contra de 33 personas detenidas la semana pasada durante un allanamiento a un recinto frecuentado por la comunidad gay.
Los activistas, entre ellos defensores de la comunidad LGTBIQ, acudieron a la sede de la Fiscalía General en Caracas para denunciar la “política de persecución por parte del Estado” contra la comunidad gay.
Exigieron la apertura de una investigación a los funcionarios que realizaron la semana pasada las detenciones en un local de la ciudad de Valencia, a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, tras la denuncia de unos vecinos de que un grupo de personas participaba en una supuesta fiesta sexual.
“Estamos denunciando el agravamiento y el escalamiento de una política de persecución”, rechazó ante la prensa Yendri Velásquez, activista y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+. Recalcó que se están cometiendo “arbitrariedades basadas en prejuicios”.
En un escrito entregado a la Fiscalía, las organizaciones exigieron el sobreseimiento de la causa penal, pero también que se abra expediente indagatorio contra el fiscal y el juez de la causa.
Voceros de la Fiscalía General no estuvieron disponibles para un comentario.
La organización humanitaria Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las más importantes del país, insistió en un comunicado en el “cese de la criminalización, hostigamiento y extorsión a personas LGBTIQ”.
La denuncia se produjo dos días después que un tribunal de control de la ciudad de Valencia imputara a los detenidos por los presuntos delitos de “ultraje al pudor”, “agavillamiento (asociación ilegal para cometer delitos)” y “contaminación sónica”.
No obstante, el tribunal ordenó la excarcelación inmediata de 30 de ellos bajo el régimen de presentación periódica ante la instancia judicial. Los otros tres detenidos —el propietario del local y dos de sus empleados— fueron excarcelados el jueves bajo fianza, luego de cumplir con la presentación de fiadores.
Algunas de las personas que acompañaron a los activistas a la sede de la Fiscalía portaban carteles en los que se podía leer: “Ni más, ni menos, iguales derechos”.
A pesar de que el país sudamericano fue uno de los primeros países del mundo en establecer el matrimonio civil en enero de 1873, la legalización de la unión de dos personas del mismo sexo, entre otros temas de protección legal o reconocimiento de la comunidad LGTBIQ, ha sido pospuesta durante años.
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